La acción de extinción de dominio a favor del Estado procederá sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular, aquellos que sean instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos, sin perjuicio del lugar de su realización, establece la nueva ley en la materia aprobada anoche por la Cámara de Senadores.

La nueva ley fue aprobada por unanimidad: 109 votos de Morena, PAN, PRI, MC, PRD, PVEM, PT y PES.

Iniciada la discusión del tema desde el mediodía, la presentación de una moción suspensiva a cargo de Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia, obligó a posponer su votación, lo que sucedió hasta la noche tras un largo receso para negociar modificaciones de última hora a 12 artículos, de un total de 251, y un transitorio.

Los bienes cuyo dominio haya sido extinto por sentencia firme en el ámbito federal, ordena la ley expedida, podrán destinarse a favor de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de la Fiscalía General de la República, así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, según lo determine el gabinete social de la Presidencia de la República, para que se destinen al servicio público, los utilicen en programas sociales u otras políticas públicas prioritarias.

El decreto correspondiente fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.

Sin la oposición, pasa ley de austeridad

Sin el aval del PAN, PRI, MC y PRD, la Cámara de Senadores aprobó en comisiones la minuta que expide la Ley de Austeridad Republicana; el decreto correspondiente se sometería más tarde a discusión y eventual aprobación del pleno cameral.

La oposición se inconformó porque, de última hora, el grupo parlamentario de Morena, quien detenta la mayoría legislativa, y sus aliados del PVEM, PT y PES desconocieron los acuerdos previos para modificar la minuta remitida por la Cámara de Diputados y optaron por allanarse al dictamen original.

Dante Delgado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, anticipó que convocará al “bloque de contención de la arbitrariedad’’ a promover una acción de inconstitucionalidad que deje sin efecto el contenido de algunos artículos de la nueva ley por violar la Constitución.