Ha pasado una década desde que se firmó el convenio de colaboración para combatir al crimen organizado y el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos denominado como Iniciativa Mérida. El acuerdo cuyos pilares fundacionales son debilitar las estructuras del crimen, apoyar el Estado de Derecho en México y construir fronteras seguras se encuentra “en crisis”, coincidieron expertos.

David Ramírez Garay, coordinador del programa de seguridad de la ONG, México Evalúa, señaló que el Plan Mérida con el cambio de administración en Estados Unidos con Donald Trump y en México con las cifras de asesinatos récord que se siguen registrando pasan por un escenario de crisis, de “tensión” e “indefinición”.

“En Estados Unidos hay voces que piden desde una cancelación de la Iniciativa Mérida porque no ha traído los resultados adecuados en términos de combate a la corrupción y mejorar la violencia, y hay voces por otros lados que mencionan claramente que deben seguir con los esfuerzos binacionales pero que se tiene que hacer una reforma o cambiar la línea de trabajo o los ejes nodales de la iniciativa”, dijo.

El especialista de la ONG precisó que pese a que uno de los ejes de la iniciativa es la prevención a través de construir comunidades resilientes, la mayor parte de los recursos destinados por parte de Estados Unidos a México van dirigidos al combate al narcotráfico y la guerra contra las drogas.

“Es un enfoque punitivo en donde se invierte en Ejército, en capacidades para la policía, etcétera, entonces ante el cambio de gobierno en Estados Unidos y el cambio de gobierno en la administración federal en México, aquí se perfila un cambio de estrategia, al menos eso esperamos, que no se quede en un cambio de discurso sino también de estrategia, en donde vamos a presenciar el fin de la estrategia definitiva”, indicó.

En este contexto, Ramírez Garay afirmó que es un momento propicio para que el gobierno mexicano se acerque a las voces políticas en Estados Unidos que pugnan para terminar con dicha estrategia.

Por su parte, Santiago Roel, director de la organización civil Semáforo Delictivo, indicó que es momento para que México y el vecino del norte analicen la continuidad de dicho plan, ya que no ha beneficiado a ninguno de los dos países.

“Hoy (ayer) The New York Times publica la cifra de muertos por sobredosis en Estados Unidos, es un récord, son más de 72,000 muertos; en el 2016 había sido el récord de 65,000. Es evidente que la guerra contra las drogas no resuelve nada, es evidente que la DEA (agencia antidrogas estadounidense) no solamente no ha ayudado a Estados Unidos, al sistema de (combate a las) drogas, sino que lo ha complicado”, expuso.

El activista señaló que la DEA ha enfocado sus acciones en combatir el tráfico de opiáceos desde México y no ha tocado a las farmacéuticas en la Unión Americana que, afirmó, son los principales proveedores de drogas como el fentanilo, un poderoso opioide y analgésico común en el vecino del norte y cuyo uso se ha esparcido de manera importante.

“Nos ha metido en un grave problema en Plan Mérida y los ha metido (a Estados Unidos) también porque al culparnos a nosotros, al usarnos de chivos expiatorios, evidentemente no ha resuelto nada. De acuerdo con los pronósticos de ellos éste es sólo el principio del problema, a ellos se les van a seguir incrementando las muertes por sobredosis porque no han querido atender el problema”, dijo el experto.

El cambio de estrategia, una discordia anunciada

La próxima administración federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador y la propuesta como secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y como secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, han señalado que la estrategia del combate al crimen organizado cambiará de enfoque, para lo cual se analizan estrategias desde la regulación de drogas hasta la amnistía a productores de ciertos estupefacientes como amapola y mariguana.

Ramírez Garay opinó que la regulación de drogas en México llevaría a una mayor complejidad en las relaciones entre México y Estados Unidos.

“No va a ser sencillo ver que esto ayude a la relación o vaya a repercutir en una relación bilateral sencilla, sobre todo en el tema de criminalidad, violencia y tráfico de drogas”, acotó.

En tanto que Roel comentó que una forma de evitar que haya un enfrentamiento directo y desgaste de López Obrador frente a Trump, es que ello se trate en el Congreso.

“De esta manera, si el Legislativo en México determina que se regulen las drogas como estrategia de reducción de daños, entonces es un tema del Legislativo y no de López Obrador”, agregó.

A su vez, el investigador por la UNAM, Javier Oliva, especializado en temas de seguridad pública, precisó que la regularización del consumo de drogas empieza a ser una tendencia ya que son 29 los estados de la Unión Americana los que permiten el consumo de mariguana de manera terapéutica y ocho de manera lúdica, además de la regularización de mariguana en Uruguay.

Malos manejos de los recursos

De acuerdo con un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, hasta marzo pasado el gobierno de EU había entregado unos 1,800 millones de dólares en el marco de la estrategia para capacitación en México, estos recursos, indicó María del Carmen Cendón, catedrática de la Universidad La Salle y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, han sido mal ocupados.

Uno de los rubros en los que se han invertido recursos de la Iniciativa Mérida es en la capacitación de capital humano para la implementación del Nuevo Sistema Penal.

Hasta hace poco era la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) la encargada de recibir los recursos; no obstante, Cendón precisó que no siempre llegaban a las manos adecuadas.

“Había un grupo que era Setec, que desapareció, que en vez de ir sobre la capacitación sólo se iba sobre el producto económico y los recursos como tal se fueron desviando y cuando un maestro era certificado para el conocimiento, a la hora de la hora no se le pagaba lo prometido (...) la realidad es que de cinco o seis maestros certificados sólo se les pagaba a dos o tres”.

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