Con la posición en contra de tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para declarar la invalidez de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el pleno del máximo tribunal se perfila para declarar la constitucionalidad de la normativa.

En el primer día de análisis y discusión de las acciones de inconstitucionalidad, se manifestaron el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Norma Piña Hernández.

En su posicionamiento, Zaldívar manifestó estar en contra del proyecto de su similar Alberto Pérez Dayán de declarar inconstitucional la ley, al considerar que las acciones promovidas han cesado en sus efectos, por lo que debe decretarse su sobreseimiento, es decir, la suspensión del procedimiento.

Explicó que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue expedida el 5 de noviembre del 2018, modificándose el 12 de abril de este año 15 de sus 17 artículos, lo que, de acuerdo con el ministro, “alteró la totalidad del sistema normativo previsto en el primer decreto”.

Dijo que la modificación a la normativa incluye a los organismos autónomos, empresas productivas del estado y cualquier otro ente público federal, además de nuevos principios que “obligan a entender los previstos originalmente”.

“Por otra parte, la forma en la que se determinan las remuneraciones también sufrió cambios importantes, se introdujo que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados debe emitir una opinión con base en la cual se fijan los montos mínimos y máximos para las remuneraciones de los servidores públicos”, refirió.

En este sentido, el presidente de la Corte expuso que, si el sistema fue modificado en su totalidad, se debe concluir que cesaron los efectos del decreto impugnado, por lo que deben sobreseerse las acciones de inconstitucionalidad promovidas.

Aunque dos de sus artículos, agregó Zaldívar, y algunas de sus porciones normativas hayan quedado intocadas al encontrarse inscritas en un sistema normativo nuevo, su sentido y entendimiento también fueron modificados, por lo que estamos ante una nueva ley y a ningún efecto práctico nos llevaría estudiar un decreto que ya no está vigente.

La ministra Esquivel compartió el punto de vista del presidente de la Corte sobre la improcedencia por cesación de efectos, en declararla en la totalidad de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la ley.

“De la simple comparación de la primera disposición de la ley entre la original y la reformada el 12 de abril, observo que su contenido difiere porque amplía el número de destinatarios, con ello todo su contenido adquiere una nueva cobertura mayor de la que tuvo en el momento al ser expedida”, expresó.

Asimismo, se sumó Piña Hernández, quien consideró que la acción es improcedente y, como consecuencia jurídica, debe ser desestimada sin examinar la materia de fondo y sobreseerse.

El análisis continuará este día y sólo faltaría un ministro en contra del proyecto de Pérez Dayán para que sea vigente la ley impugnada.

Iniciativa que nació con polémica

  • En noviembre del 2018, se expide el decreto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
  • Partidos de oposición y la CNDH presentaron acciones de inconstitucionalidad contra la ley.
  • En diciembre pasado, el ministro Alberto Pérez Dayán ordenó la no aplicación de la normativa.
  • El Senado presentó en la Corte un recurso de reclamación en contra de la suspensión de la ley de remuneraciones, acción a la que se sumó la Presidencia.
  • En abril, se publica el decreto en el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones.
  • La Corte inicia el análisis de las acciones de inconstitucionalidad; tres ministros están por declarar su validez.