Los senadores ya comenzaron los cabildeos para la creación de una institución anticorrupción que sustituya a la Secretaría de la Función Pública. Las propuestas del PRI-PVEM, PAN y PRD contienen en general 10 coincidencias y 14 divergencias.

Uno de los puntos en los que es clara la diferencia entre las tres propuestas que se analizan en la Cámara de Senadores es el relacionado con el ejercicio de la acción penal en actos de corrupción.

El PRI-PVEM explica en su propuesta que la acción penal la tiene el Ministerio Público (MP), pero contempla que la Comisión nacional anticorrupción (nombre que prevén estos partidos para la nueva institución) arme los expedientes y coadyuve con el MP. No obstante, la Comisión tiene atribuciones para sancionar al Ministerio Público si éste no cumple con su labor.

El PAN propone que el instituto nacional anticorrupción y control (como lo nombra) atraiga el ejercicio de la acción penal en delitos de su competencia. Mientras que el PRD busca que la agencia nacional para el combate a la corrupción (como llama a la institución) tenga la atribución de acción penal y el MP coadyuve en las investigaciones.

Para la confiscación de bienes también se notan diferencias. El PRI-PVEM lo contempla para delitos de corrupción. El PRD quiere que la institución nueva pida al juez competente la confiscación de los bienes del inculpado y que éstos se destinen a la ciencia y tecnología de la educación media superior y superior o a las labores anticorrupción. El PAN específica que el punto se contempla en los términos constitucionales vigentes .

De acuerdo con el cuadro comparativo de las tres iniciativas, mismo que se ha repartido a los especialistas que han dado su opinión con respecto a las atribuciones del nuevo instituto, entre las divergencias también está el punto concerniente al acceso de información protegida.

El PRI-PVEM propone que el nuevo órgano no esté impedido por los secretos fiduciario, fiscal y bancario, y se proteja la identidad del denunciante. El PRD expone que la institución debe pedir al juez competente la información fiscal protegida. El PAN no lo contempla.

Entre el listado de las 14 divergencias se leen los puntos del juicio político a los miembros del órgano, la aplicación de las sanciones administrativas, los requisitos para ser miembro de la institución anticorrupción y el amparo contra el procedimiento sancionador, por citar algunos.

Las tres iniciativas coinciden en que tenga la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad, que tenga un consejo, que esté en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación y que tenga órganos en los estados, por ejemplo.

También el PRI-PVEM propone que la institución esté conformada por cuatro comisionados y un presidente por un periodo de siete años, no renovables y escalonados. El PRD busca que sean siete fiscales escalonados por un periodo de siete años y el PAN quiere a cinco consejeros por un lapso de siete años renovables por cuatro años más y con el paso del tiempo podría darse el escalonamiento, aunque dependerá de la ratificación de los mismos.

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