Empresas fantasmas, en la mira del SNA

El primer tema al que el Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) dirigirá su atención será a las empresas fantasmas que mantienen contratos con instituciones públicas, afirmó la presidenta de ambos órganos, Jacqueline Peschard.

“Estamos identificando las entidades públicas... (que tienen contratos) con empresa(s) fantasmas para que podamos poner el foco sobre éstas, no podemos atacar todo, vamos haciendo este tipo de acciones. Ya logramos que el SAT (Servicio de Administración Tributaria) finalmente establezca unas reglas para que se pueda dar la lista de todas las entidades que contratan o que han contratado con estas empresas fantasmas”, indicó la académica.

En este sentido, la presidenta del SNA refirió, en su ponencia Nuevos Desafíos en Materia de Corrupción, realizada en el foro Lucha Contra la Corrupción: una tarea global, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que el SAT tiene identificadas alrededor de 5,000 organizaciones fachada en todo el país.

Sin embargo, dijo, no se tiene un listado de cuántas de ellas mantienen o han tenido una relación contractual con instituciones públicas, por lo que el Comité de Participación Ciudadana ha solicitado información —en al menos dos ocasiones—, en los 10 meses que lleva integrado, al órgano fiscalizador sobre el tema, en específico sobre las contrataciones públicas en materia de comunicaciones y transporte, energía y desarrollo social.

Cabe destacar que recientemente diferentes investigaciones periodísticas tanto a nivel nacional, como internacional, han dado cuenta de los mecanismos utilizados por actores políticos, empresarios, entre otros  personajes, para evadir impuestos o desviar recursos públicos a través de paraísos fiscales y empresas fachada.

El caso más conocido, sacado a la luz por el portal Animal Político y la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, es el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente bajo proceso penal, y quien de acuerdo a investigaciones periodísticas utilizó más de 40 empresas para desviar recursos de la entidad.

Sobre ello, la presidenta del SNA expuso que la ley anticorrupción aprobada “mandata que hagamos una base de datos con los servidores responsables de las distintas contrataciones de obra pública y eso es muy importante”, ya que —acotó— muchas veces el responsable de firmar los contratos públicos resulta ser un “tercero” o “quinto” en la cadena de mando, mientras que el responsable, al menos político, de la contratación evade las responsabilidades.

Además de esta tarea, Peschard añadió que el Comité de Participación Ciudadana se centrará, en el corto plazo, en verificar qué ha pasado con las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de corrupción.

En este tenor la académica presentó datos que puntualizan que del 2010 al 2016, el máximo órgano auditor del país generó 826 denuncias por posibles actos de corrupción en la administración pública, de las cuales sólo 10 han sido desahogadas, obteniendo sólo una consignación de un servidor público ante las instancias de procuración de justicia.

Perchar afirmó que algunas de las denuncias presentadas por la ASF son desechadas debido a la mala integración del expediente, de acuerdo con las autoridades.

“Hago una denuncia, porque al revisar la cuenta pública encontré irregularidades, hago una denuncia penal ante la PGR (Procuraduría General de la República) y pasan años y años y nunca sabemos qué pasó con el procesamiento de esa denuncia, aunque a veces nos dicen: ‘es que estuvo mal presentada; es que estaba deficientemente integrada’, y entonces como está deficientemente integrada llega al juez, y el juez te la batea”, dijo.

Por otra parte, aseveró que un tema que tendrán en el radar serán las elecciones que se realizarán en el país el próximo año, pues en éstas se han encontrado nichos de concusión, como en el caso del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo que es investigado por la Fepade.

“Una parte de los actos de corrupción han identificado que no solamente es que el funcionario público, el exgobernador, se llevara dinero a su bolsillo o comprara prácticamente toda la costa de Quintana Roo, sino que también derivaba dinero hacia las campañas políticas”, detalló.

Peschard concluyó que el ánimo por el cual nació el SNA se debe reavivar en la actual coyuntura electoral para “cuando menos comprometer a los distintos candidatos a que no van a ser obstáculos para el sistema”.

PIDEN DESTRABAR FISCALES

Al conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, diputados federales pidieron al Senado, destrabar los nombramientos de los fiscales que combaten los actos ilegales en nuestro país, e hicieron un llamado al gobierno federal para que permita la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

En un debate en tribuna para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebrará el próximo año, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) dijo que el gobierno de nuestro país tiene importantes investigaciones en las que debe declarar una sentencia, como en el caso Odebrecht.

Añadió que tanto el Senado tiene pendientes nombramientos de fiscales que son parte del SNA, como la Cámara de Diputados tiene pendientes los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control de Cofece, Ifetel y el INAI.

La diputada Cecilia Romero (PAN) alertó que el estudio Las Personas y la Corrupción América Latina y el Caribe, colocó a México como el país con mayor corrupción en América Latina, y de acuerdo con Transparencia Internacional, nuestro país cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, ocupando el sitio 123 en 376 países analizados.

Corrupción, entre los principales obstáculos para sector empresarial

Durante el 2016 para el sector privado del país la corrupción se encuentra entre los cinco principales obstáculos para el crecimiento de las empresas, se refirió en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).

De acuerdo con el ejercicio estadístico, dado a conocer el año pasado, 17.6% de los establecimientos ubican al cohecho entre los tres problemas más relevantes del estado en el que radican.

En el marco del día internacional contra la corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, el Inegi recordó que la ENCRIGE reveló que 82.2% de los encuestados manifestó que es frecuente la corrupción de empleados de gobierno, mientras que 13.1% refirió que es poco frecuente.

“Cabe destacar que 64.6% de los establecimientos consideraron que se ven orillados a participar en actos de corrupción con el fin de agilizar algún trámite; 39.4% señaló que otro motivo importante para propiciar un acto de corrupción es para evitar multas y sanciones”, señaló.

Mientras que 30.7% manifestó que la obtención de licencias o permisos son motivos de corrupción, y menos de 15% de las empresas consideraron que la corrupción se presenta para ganar contratos gubernamentales o en licitaciones.

Asimismo, 29.7% dijo que este tipo de actos se dan para evitar la clausura; 29.3% para pagar menos impuestos; 25% para evitar inspecciones; 22.2% para obtener un servicio y 18.3% para evitar el cumplimiento de la ley.

Para el 2016, la tasa de prevalencia de concusión en el sector privado fue de 1,093 establecimientos que participaron en algún acto de corrupción por cada 100,000 unidades económicas que realizaron al menos un trámite o fueron inspeccionados.

Con relación a la mayor prevalencia de actos de cohecho por estados destacaron Quintana Roo, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México, Puebla, Nayarit y la CDMX.

El sector industrial registró la mayor tasa en cohecho con 775 casos por cada 10,000 unidades económicas. (Con información de Leopoldo Hernández)