El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, mediante un trámite fast track impulsado por la bancada del PRI. El Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) exhibió una fractura, con la votación dividida de sus diputados. Activistas del colectivo Seguridad sin Guerra gritaron “¡golpistas!” a los legisladores que votaron en favor.

El documento fue aprobado en lo general por 248 votos en favor, 48 abstenciones y 115 votos en contra. Los votos mayoritarios provinieron de las bancadas del PRI, PVEM y Nueva Alianza, pero también de las fracciones del PAN y PRD.

De los 109 diputados de Acción Nacional, 48 votaron en abstención, entre ellos el propio coordinador Marko Cortés Mendoza, y el presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Ramos. La diputada Claudia Sánchez Juárez abiertamente votó en favor.

Waldo Fernández (PRD) votó favorablemente; mientras el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) sufragó en contra.

Luego de 44 oradores que presentaron 101 reservas, el pleno de la Cámara aprobó el dictamen en lo particular por 215 votos en pro, 101 en contra y cuatro abstenciones. El documento fue turnado al Senado de la República para su codictaminación.

La Ley de Seguridad Interior fija las reglas para que el presidente de la República pueda emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, por sí o a petición de congresos locales o gobernadores, para la Intervención de las Fuerzas Armadas, las cuales actuarán en un territorio o zona geográfica específica cuando haya amenazas a la seguridad interior.

Esta ley se aprobó 11 años después de que el entonces presidente Felipe Calderón ordenó en diciembre del 2016 la salida del Ejército para combatir la inseguridad. Aunque en su momento Calderón también intentó que el Congreso aprobara una legislación, ésta no prosperó.

Apenas el miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado al Congreso a emitir la Ley de Seguridad Interior, la cual —dijo— pasó de ser una “valiosa propuesta” a una “imperiosa necesidad”.

El fast track

Luego de ese llamado, la bancada del PRI echó mano de su mayoría (junto con PVEM y Nueva Alianza) en la Cámara de Diputados para cumplir, en un sólo día, todas las fases de dictaminación y aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

En la Comisión de Gobernación el dictamen fue avalado por 18 votos en favor del PRI, PVEM y Nueva Alianza, y 13 en contra del PAN, PRD, MC y Morena.

“Hoy se dispensaron trámites para poder acelerar el proceso de discusión y votación de este dictamen.

Hoy hubo un albazo legislativo, hubo un fast track para poderlo apoyar”, criticó el diputado Jorge Triana (PAN).

Al finalizar la votación, integrantes del colectivo denominado Seguridad sin Guerra, increparon a los diputados. “¡No a la ley golpista, no a la ley golpista!”, “¡Salgan traidores!”, gritó el activista Alfredo Lecona.

El debate sobre la militarización

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), aseguró que la norma aprobada no representa la militarización del país, porque la participación de las Fuerzas Armadas estará sujeta a no exceder un año. Aseguró que la seguridad pública seguirá siendo responsabilidad de las corporaciones policiacas estatales y federales, y salvo en situación de gravedad, corresponderá al Estado.

En contraste, el diputado Jorge Triana (PAN) afirmó que la ley aprobada “plantea convertir lo permanente en lo habitual”. Afirmó que las Fuerzas Armadas no están preparadas para llevar tareas de seguridad.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) aseguró que México vive el año más violento de su historia, y avalar la Ley de Seguridad Interior significa, dijo, la renuncia del Estado a garantizar la seguridad.

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, comentó que la ley no favorece a los militares, y parte de un principio ambiguo de seguridad pública, en el que casi cualquier cosa podrá ser considerada materia de seguridad interior.

La diputada Maricela Conteras (Morena) afirmó que “esta ley es inconstitucional, no solamente porque es un peligro que normaliza la presencia del Ejército en las calles y le deja una responsabilidad de labores policiacas, para las cuales no está preparado”.

El dictamen

Actuación de Fuerzas Armadas

Cuando éstas se percaten de la comisión de un delito, lo harán del inmediato del conocimiento de las autoridades; se limitarán a preservar el lugar de los hechos hasta, y en su caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica a heridos, así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos.

Derechos humanos

El artículo 7 establece que ordena a las Fuerzas Armadas preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos.

No represión

El artículo 8 establece que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral, “bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad”.

Uso legítimo de la fuerza

Ordena la utilización racional y proporcional de técnicas y protocolos para controlar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

Temporalidad

Fija que la Declaratoria de Protección a la seguridad interior no podrá exceder de un año. El presidente de la República podrá ordenar una prórroga mientras subsista la amenaza a la seguridad.

Recolección de información

Se faculta a las Fuerzas Federales, durante la declaratoria, para realizar tareas de inteligencia, mediante “cualquier método lícito de recolección de información”.

Sin subsidiariedad a gobiernos

Precisa que en ningún caso, la participación del Ejército o Marina en tareas de seguridad tendrán por objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno ni eximir a las autoridades locales de sus responsabilidades.

Estados y municipios

Durante el tiempo de la declaratoria, se ordena a los gobiernos estatales y municipales atender de manera directa e indelegable las acciones necesarias para mitigar el impacto de la amenaza a la seguridad interior y superarla.

jmonroy@eleconomista.com.mx