Con la reforma político electoral del 2014, el Instituto Federal Electoral (IFE) no sólo cambió su nombre a Instituto Nacional Electoral (INE), también este organismo fue facultado para supervisar a los organismos públicos locales electorales (OPLE) y está encargado de fiscalizar el gasto de las campañas a nivel local y federal.

De cara a las elecciones presidenciales del 2018 y tras la jornada comicial del pasado 5 de junio, especialistas en el rubro advierten que no se han tenido los resultados esperados de las modificaciones legales debido a un diseño institucional inadecuado, poca eficiencia de la autoridad y partidos políticos que se empeñan en infringir la ley.

Jesús Cantú, quien ocupó un cargo en el IFE de 1996 al 2003, expone que esta brecha en los resultados es responsabilidad tanto de los legisladores, quienes establecieron un diseño institucional no adecuado; de la autoridad electoral, que no ha sido eficiente para aplicar las normas, y de los partidos políticos, quienes casi se dedican a violar la ley y tratar de no ser capturados .

El Consejo General del INE recientemente fue protagonista de la revisión de la información presentada por la Unidad Técnica de Fiscalización sobre informes de partidos políticos de sus gastos de campaña por las elecciones del 5 de junio.

Entre presiones y críticas de diversos frentes políticos y del Congreso de la Unión, el órgano encontró, entre otros puntos, que en la contienda a la gubernatura de Coahuila los dos candidatos punteros rebasaron el tope de gastos de campaña, según cifras preliminares.

Los resultados de la fiscalización fueron aprobados salvo en lo referente a los gastos no reportados por parte de candidatos y partidos políticos de sus representantes generales y de casilla durante la jornada electoral, los cuales se verificarán a través de un procedimiento oficioso, cuya resolución impactará en los montos de gasto de los partidos y candidatos, a más tardar en el mes de agosto.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha referido que existe una natural tensión entre dinero y política: Es la principal causa de que el control de los ingresos y gastos se haya convertido en un elemento cada vez más central de las preocupaciones y la discusión electoral .

Sobre el tema, el exconsejero del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal (IEDF), Eduardo Huchim, opina que este ejercicio presentó tal embrollo que en el aire quedó la sensación de una fiscalización simulada, cuyos resultados no parecen emparejarse con el gasto real de los partidos políticos.

Y es que, prosiguió, el rebase del tope de gastos de campaña en este país es un deporte nacional que se hace en todas las campañas (locales y federales).

El INE sencillamente no ha podido hallar la forma para detectar realmente ese gasto y no lo podrá hacer mientras se siga centrando en los informes de los partidos como eje de su fiscalización , advirtió.

En tanto, el exconsejero del IFE, Jesús Cantú, se refirió a los problemas que causa el diseño institucional, es decir, la división de la atribuciones entre los OPLE y el INE. Este modelo híbrido dice que se generó en el 2014, por cuestiones políticas, (y) es el peor de todos los mundos .

Además, insiste, los legisladores plantearon disposiciones normativas que presentan restricciones importantes al INE, como es desahogar toda la revisión de los informes de los gastos de campaña en sólo 40 días.

En contraste, el también el exconsejero del IFE, Rodrigo Morales Manzanares, refiere que las críticas al desempeño del INE se relacionan más con las expectativas que generó la reforma político electoral, pues, en su consideración, esta institución es bastante sólida y fue capaz de hacer frente en tiempo y forma a esta nueva atribución de fiscalización.

Pormenorizó que es el INE el encargado de revisar el gasto, y quien decide si se anula o no una elección es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Cambios con la última reforma

Además de la creación del Instituto Nacional Electoral, la joya de la reforma incluyó lo siguiente:

  • Transformación de los institutos estatales electorales u órganos equivalentes en organismos públicos locales en materia electoral, denominados OPLE.
  • Los consejeros electorales y el consejero presidente de los consejos locales de los OPLE son nombrados y removidos por el Consejo General del INE.
  • Incremento de 2 a 3% del porcentaje mínimo necesario para mantener el registro como partido político nacional, mismo umbral que deben alcanzar los partidos para tener acceso al reparto de diputados plurinominales.
  • Creación del Servicio Profesional Electoral Nacional, que determinará las directrices en la selección, promoción, permanencia, rotación, evaluación y sanción de los servidores públicos tanto del INE, como de los OPLE.
  • Nuevas causales de nulidad en las elecciones: rebasar en más de 5% el monto de gastos de campaña, la adquisición de tiempos en radio y televisión fuera de norma y el uso o recepción en campañas de recursos públicos o de procedencia ilícita.
  • Reglas para la asignación de financiamiento a candidatos independientes.
  • Unificación del órgano superior de dirección de los OPLE.