El 2014 será recordado como el año que más caídas de gobernadores ha registrado en la historia del país y el tambaleo de otros debido a las crisis de inseguridad que se vivió en sus estados. Este año, los gobernadores de Fausto Vallejo y Ángel Aguirre se vieron obligados a renunciar, debido a su fallido control de la inseguridad en sus estados, mientras que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, fue duramente cuestionado por un operativo en el que murió un menor de edad.

El 23 de octubre, a 27 días del ataque armado en Iguala contra normalistas de Ayotzinapa, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre (sumamente cuestionado por no haber actuado a tiempo en ese hecho), anunció su dimisión al cargo para bajar la tensión social y las manifestaciones radicales que aún exigen la presentación con vida de 42 normalistas y el enjuiciamiento de los responsables.

El caso de Aguirre fue la segunda caída de un gobernador. El 18 de junio, presionado por una fotografía difundida de su hijo Rodrigo en una reunión con el delincuente confeso, Servando Gómez Martínez La Tuta, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán, anunció su separación definitiva del cargo, argumentando motivos de salud.

Esa fotografía fue prácticamente el quiebre de Vallejo, que ya arrastraba la detención de su secretario de Gobierno y ex gobernador interino, Jesús Reyna, a quien se le comprobó tener relación con La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios.

El tambaleo de otros gobernadores, como Rafael Moreno Valle de Puebla; Guillermo Padrés de Sonora; Egidio Torre Cantú de Tamaulipas, y Eruviel Ávila del Estado de México, también fue noticia en el 2014.

En el caso de Moreno Valle, su gobierno fue duramente cuestionado luego de que el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, murió en julio, a causa de un disparo de bala de goma en el cráneo durante un desalojo violento en la autopista Puebla-Atlixco.

Al gobernador se le cuestionó por haber promovido la llamada ley bala (Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado).

En el caso de gobernador sonorense Guillermo Padrés, la lluvia de críticas fue por haber construido de manera ilegal una represa en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de su familia. El hecho se dio a conocer unos días después de que el 6 de agosto fueron derramados 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, provenientes de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

El gobernador mexiquense Eruviel Ávila estuvo en la escena nacional por no poder controlar la ola de secuestros en el municipio de Valle de Bravo y las ejecuciones en Cuautitlan Izcalli y Nezahualcóyotl, lo que llevó a que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciara el 31 de marzo una estrategia de seguridad con fuerzas federales en la entidad.

Finalmente, en el caso de Egidio Torre Cantú, atrajo la atención en mayo pasado, cuando se supuso que el gobierno federal enviaría un comisionado a la entidad, que arrastraba un creciente incremento del delito de secuestros, aunque el hecho únicamente implicó el envío de más fuerzas del Ejército, la Marina y la Policía Federal al estado.

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