Como parte de la reestructura del sistema de justicia penal en México, el gobierno de la República ha anunciado el envío de una iniciativa de ley para la solución alterna de conflictos y que así, el Estado pueda enfocar sus capacidades en la persecución de altos delincuentes y revierta, además, la saturación de cárceles.

Al promulgar el Código Nacional de Procedimientos Penales que elimina de golpe los 32 que había en los estados y crea uno solo de aplicación para toda la República el mandatario Enrique Peña Nieto recordó que el nuevo Código incluye figuras que permitirán soluciones alternas a conflictos.

Entre ellas, la aplicación de un acuerdo de reparación del daño, a través de la mediación o la conciliación, y así evitar que se dicte una pena de prisión.

Durante la ceremonia en Palacio Nacional, el Ejecutivo advirtió que conforme a la reforma constitucional del año 2008 se establece un sistema de justicia restaurativo y no sólo de represión penal.

Cabe recordar que el Artículo 17 de la Constitución establece actualmente que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia penal, la Carta Magna especifica que tales mecanismos regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá una supervisión judicial. Sin embargo, argumentó que para lograr la máxima utilidad de estas figuras, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales por sí mismo no será suficiente, por ello la necesidad de enriquecerlo con el envío de una iniciativa de ley para la solución alterna de conflictos.

Ante funcionarios federales encargados de las áreas de justicia y seguridad, legisladores, gobernadores, autoridades estatales, así como representantes de la sociedad civil, el presidente detalló que la iniciativa de ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que enviará al Congreso buscará que un número considerable de los casos se resuelvan a través de la justicia alternativa.

De aprobarse en su momento, esta ley contribuirá a reducir los costos y tiempos de los procesos, a disminuir la saturación en las cárceles y, lo más importante, permitirá a las instituciones del Estado mexicano concentrar sus recursos y capacidades en la investigación y detención de los delincuentes que más lastiman a la sociedad .

Peña Nieto indicó que también se propiciará satisfacción de las víctimas, gracias a una reparación integral del daño ocasionado. Es decir, no sólo habrá juicios más ágiles, sino que se realizarán con mayor eficiencia procesal, y en beneficio de las víctimas de delito.

Aseguró que el objetivo final es que los ciudadanos tengan acceso a un sistema de justicia de calidad y que proteja sus derechos.

PROMULGA NUEVO CÓDIGO

El presidente Enrique Peña Nieto consideró que el Código Nacional de Procedimientos Penales, promulgado ayer, representa una oportunidad para que las instituciones de impartición y procuración de justicia se modernicen y recuperen la confianza ciudadana a partir de resultados.

Al promulgar el Código, Peña detalló que de 33 códigos (32 estatales y uno federal) que hay en el país, cada uno con distintas reglas para el desahogo de un juicio penal, ahora habrá un Código único. Así, todos los procesos penales serán bajo las mismas reglas.

Explicó que el Código tiene como factores centrales la protección de la víctima; el respeto a sus derechos; la presunción de inocencia; la reparación del daño, y el respeto al debido proceso. El Ejecutivo hizo un llamado al Poder Judicial y a las autoridades de justicia de los estados, a emprender las medidas necesarias para transformar el Código Nacional de Procedimientos Penales en una justicia a la altura de las demandas.

CAMBIO EN JUECES

En su turno, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, indicó que, de aplicarse en la forma correcta, estos cambios generarán condiciones para combatir impunidad y corrupción, así como para recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones.

Dijo que el nuevo Código define competencias entre los actores del proceso penal e impacta en las pesquisas de los delitos, para dar peso a la investigación previa y científica. Requiere de nuevas formas en el ejercicio de las funciones de policías, jueces, ministerios públicos, defensores. Requiere de un cambio cultural , indicó.

DF y Edomex ya aplican ese modelo

Los mecanismos alternos de solución de controversias son figuras que ya contempla la Constitución, y algunos estados del país han creado sus propias reglamentaciones.

Por ejemplo, en la capital mexicana existe la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el DF, orientada a regular la mediación como método de gestión de conflictos para la solución de controversias entre particulares, cuando no exista una afectación al orden público.

Esta legislación contempla la mediación como método de gestión de conflictos y pretende evitar la apertura de procesos judiciales contenciosos, además de poner fin a los ya iniciados.

La mediación procederá de la voluntad mutua de los particulares de someterse a ella para solucionar una controversia común. Los jueces del DF podrán, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable, ordenar a los particulares que acudan al Centro (de Justicia Alternativa) para intentar solucionar sus controversias a través de la mediación .

Para el DF, y en materia penal, la mediación procederá en las controversias entre particulares originadas por la comisión de una conducta tipificada como delito, siempre que se persiga por querella y en casos no graves.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia del DF cuenta con un Centro de Justicia Alternativa, como órgano dependiente de éste, con autonomía técnica y de gestión; entre sus funciones tiene el desarrollo y administración de la mediación como método alterno de solución de controversias.

El Estado de México, que en su momento fue gobernado por Enrique Peña Nieto, tiene en su normatividad local la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social. Ésta estipula que los procedimientos de mediación, conciliación y de justicia restaurativa se desarrollarán en sesiones orales, conjuntas o individuales y se sustanciarán de acuerdo a los reglamentos y manuales operativos.

En materia penal y de justicia para adolescentes, los agentes del Ministerio Público y los jueces del conocimiento (en el Estado de México) propondrán a las partes la utilización de los procesos de justicia restaurativa, explicándoles su naturaleza y beneficios , reza la Ley de Mediación mexiquense.

mauricio.rubi@eleconomista.mx