Organizaciones sociales coincidieron que, tras el cambio en el discurso de la política migratoria de la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, los principales afectados han sido las niñas, niños y adolescentes que buscan atravesar México rumbo a Estados Unidos y que huyen de las crisis de pobreza y violencia que enfrentan sus países.

De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, la política migratoria de su administración —que inició el pasado 1 de diciembre— se ha llevado en congruencia con los mecanismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

La directora de Incidencia Política de Save the Children México, Nancy Ramírez, consideró que el Estado mexicano ha incurrido en violaciones a los derechos de la niñez migrante, principalmente las detenciones de menores en las estaciones del Instituto Nacional de Migración, así como la separación de familias.

Entrevistada por El Economista, Nancy Ramírez detalló que, luego de que el gobierno federal planteara un discurso de respeto a los derechos humanos, un mayor número de familias ingresó al país. Pero, tras las amenazas de la administración estadounidense sobre la imposición de aranceles, México optó por la contención de migrantes que nuevamente dejó ver cómo la dependencia económica con Estados Unidos influye en la toma de decisiones de política pública de nuestro país.

Entre enero y julio del 2019, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) contabilizó 38,581 menores de 18 años presentados ante la autoridad migratoria, de los cuales 29,837 se encontraban acompañados, y 8,744 viajaban por su cuenta.

La especialista explicó que durante este año la entrada de familias migrantes aumentó, pero la situación se ha complicado, porque no se tienen protocolos para determinar la situación de los menores acompañados.

“Hay todo un modelo para que menores puedan estar en albergues para niñas y niños no acompañados en lo que se define su estancia, pero hoy no se cuenta con lineamientos que los funcionarios públicos puedan seguir para saber qué procede con los niños cuando vienen acompañados por sus familiares y no pueden ser separados”.

Asimismo, opinó que las procuradurías gubernamentales se encuentran rebasadas por la situación, porque además de que los funcionarios no tienen un enfoque de derechos para la protección de la niñez, no cuentan con los recursos suficientes para operar.

Tampoco hay un sistema de información sobre los riesgos que enfrentan las niñas y niños migrantes, y aseguró que muchos menores son reclutados por el crimen organizado para trata con fines de explotación, sin que las autoridades tengan un registro de su situación.

Por su parte, Salva Lacruz, coordinador de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, afirmó que, tras el esfuerzo de las autoridades mexicanas para controlar el flujo migratorio, se ha militarizado la frontera sur con la Guardia Nacional.

En ese sentido, dijo que al aumentar la entrada de personas migrantes al país también incrementó la llegada de niñas, niños y adolescentes, así como las detenciones en las estaciones migratorias.

“Entre 30 y 40% de los centros de detenciones está conformado por población infantil, que además lo hace en una situación de hacinamiento. No cuentan con una buena alimentación ni servicio médico, que impactan tanto en la salud física y mental de los migrantes, y claramente de una manera más directa en los menores”, afirmó.

Lacruz denunció que los sistemas de protección a la infancia son insuficientes, y que en la práctica ningún menor migrante adquiere protección al ingresar al país.