A más de dos años de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cambiara la forma de comprar medicinas e insumos médicos para las instituciones públicas de salud, el sistema de distribución continúa dislocado.

El 30 de julio de 2020 anunció que se crearía una empresa para hacer llegar los medicamentos a las unidades médicas, cuyo titular sería David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil, quien luego de la difusión de unos videos en donde aparece entregando dinero a un hermano del presidente, renunció a asumir el encargo.

Luego, el 13 de agosto de ese año, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que sería la empresa paraestatal Laboratorios de Biológicos y Reactivos (Birmex), la que se convertiría en la distribuidora de medicamentos a escala nacional. 

Con esa decisión se culminó una etapa de alrededor de 20 años de ventas consolidadas al sector, que generó el surgimiento de empresas concentradoras que, además ofrecían servicios especializados, por ejemplo, llevar insumos directamente a quirófano o a piso en hospitales.

Para 2018, en México operaban más de 1,000 distribuidores de los cuales alrededor de 100 eran proveedores con capacidad para cobertura nacional en cuanto almacenes y transportes que cumplían con las normas sanitarias para garantizar el cuidado de una amplia variedad de medicamentos.

En el proceso de compras consolidadas participaban alrededor de 60 distribuidores y de estos una buena parte de las ventas al gobierno se concentraban en 10, en función de las cantidades, servicios y capacidad financiera que tenían.

Eso ocurría, principalmente, debido al enorme volumen de requerimientos en las compras consolidadas, que implicaba el manejo de muchos millones de piezas que difícilmente podrían ser elaboradas por un solo laboratorio. El precio del transporte estaba incluido en la compra del medicamento.

Se daban casos en que más de 10 empresas se juntaban para concentrar el volumen de los pedidos de las compras consolidadas del gobierno.

Algunas concentradoras incluso fungían ante los laboratorios como soporte económico en lo que las dependencias del sector salud les pagaban.

En ese sentido, Enrique Martínez, director general de INEFAM LATAM, explicó que el IMSS concentra alrededor de 50% de las piezas, pero además, al final del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, le encargaron comprar los medicamentos para las demás instituciones públicas de salud del país.

De hecho el gobierno, a través del esquema de compras consolidadas, adquiría el equivalente a 75% de todas las piezas de todo el mercado del país.

Para 2018 eran 55 instituciones del sector público que participaban en este esquema de compras consolidadas de medicamentos.

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Las condiciones del mercado las impone el comprador

El especialista recalcó que en el mercado de fármacos e insumos médicos en México, las condiciones del mercado las establece la demanda, no la oferta, debido precisamente a la alta concentración que representan las compras consolidadas del gobierno.

En términos económicos, eso generó una enorme barrera de entrada para los pequeños laboratorios que querían venderle al gobierno y, por ello recurrían a los distribuidores con capacidad de concentrar la oferta, con infraestructura y conocimiento de ventas al sector público.

En esas condiciones encontró el mercado la administración federal actual y el 20 de marzo de 2019 determinó que se le impidiera la participación en licitaciones o adjudicaciones a las empresas Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico y MAYPO.

En una carta enviada por el presidente López Obrador a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro, destacó que esas tres empresas vendieron en 2018 al ISSSTE y al IMSS el equivalente al 62.4% de todas las compras que llevaron a cabo dichas instituciones y que no deberían recibir más contratos “hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”.

De acuerdo con el subsecretario López-Gatell, Birmex es la responsable de la distribución de los insumos a las unidades médicas del sector público desde el 15 de agosto de 2020; sin embargo, no cuenta con la capacidad para cumplir con la encomienda y por eso no ha podido asumir esa responsabilidad.

Lo que sí hizo fue la proyección de lo que será el Sistema Nacional de Distribución de Medicamentos, el cual, según su director general, Pedro Zenteno Zantaella, estará listo para el segundo semestre de 2022.

El objetivo es abastecer a todas las instituciones del sector salud con medicamentos e insumos médicos, lo cual es una misión titánica.

De acuerdo con Javier Calero Lomelín, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, tan solo en 2020 la SHCP emitió una invitación a operadores logísticos para la contratación consolidada de bienes terapéuticos, es decir medicamentos, material de curación, material radiológico y de laboratorio para el ejercicio fiscal 2020 de 3,000 millones de piezas con un valor de 60,000 millones de pesos. El reto es distribuir esos medicamentos a cerca de 25,000 unidades médicas de primer, 1,500 unidades de segundo nivel y alrededor de 500 institutos nacionales. Eso quiere decir que se requiere distribuir casi 10 millones de piezas diarias.

Hasta ahora Birmex, junto con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) integraron un plan maestro del Sistema Nacional de Distribución de Insumos Médicos, que fue aprobado por el presidente en diciembre pasado.

Contará con cuatro centros de distribución en las zonas sur, sureste, centro y norte del país, las cuales construirá la Secretaría de la Defensa Nacional. Algunas versiones señalan que eso requerirá de una inversión de 4,000 millones de pesos.

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Un caos originado por una mala decisión

De acuerdo con Martínez Moreno, al ocurrir el rompimiento entre los distribuidores y los laboratorios se generó un enorme desorden debido al desabasto de medicamentos que hoy padece el país.

Eso ocurrió debido a que, cuando el gobierno tomó la decisión de vetar a los distribuidores, no contaba con un plan para sustituir sus servicios.

No era solo mover cajas con medicinas, sino medicamentos que, en muchos casos, implicaban un alto grado de sofisticación en su manejo. 

Además esto seguramente está elevando los costos, no solo al contratar sus operadores logísticos con capacidad mínima, con atraso y desconocimiento.

Lo cierto fue que muchos de los laboratorios de patente tuvieron que desarrollar capacidad logística contratando a sus propios operadores y en algunos casos son los inicialmente despreciados.

Martínez Moreno llamó la atención en que el acuerdo firmado por el gobierno mexicano con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para adquirir las medicinas en el extranjero, señala que el organismo internacional se encargará de la investigación del mercado, la adjudicación y pago de contratos y nada más.

Por ello, ahora el encargado de la distribución es el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y se supone que debería hacer mancuerna con Birmex, pero el volumen supera sus capacidades.

Ante esa situación, cada institución que por cierto está comprando por su cuenta los medicamentos ante la incapacidad del UNOPS de licitar todas las claves requeridas en tiempo y forma, han tenido que contratar a operadores logísticos especializados, así como algunas otras empresas o incluso personas físicas que no tienen experiencia en el manejo de medicamentos.

El problema, refirió Martínez Moreno, es que, aun sumando la capacidad instalada de las firmas que hoy deben hacer ese trabajo, es menor a la que tenían las anteriores concentradoras o el total de empresas que participaban.

De acuerdo con algunas versiones que se manejan en el sector, los actuales distribuidores tienen capacidad en conjunto para movilizar 30 millones de piezas mensuales, sin embargo el sector público requiere mensualmente entre 140 y 150 millones de piezas.

Si bien que esos nuevos operadores logísticos no están desplazando todo, si es una parte menor, lo cual es preocupante por los cuellos de botella que se han generado y los que se seguirán presentando.

Lo que hace falta es una buena planeación

Carlos Ramos Alcocer, director general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS) manifestó que se requiere una buena planeación, lo que implica considerar toda la cadena de suministro: el fabricante, el distribuidor, las necesidades del gobierno. “Si hay una planeación adecuada se pueden establecer las condiciones para abastecer oportunamente los medicamentos”.

En su opinión, el problema es que el gobierno no ha podido definir un sistema que garantice el abasto tanto de medicamentos como insumos médicos.

Hay un proceso de planeación integral en el cual el gobierno tiene que ver qué necesidades tiene, identificar los requerimientos de cada una de las instituciones de salud que dependen de él, realizar un estudio de mercado para saber qué medicamentos se consiguen en el país, quienes los producen y después realizar las licitaciones y las correspondientes adjudicaciones de contratos.

A partir de eso, ocurre la fabricación de los medicamentos asignados y finalmente la distribución, la cual está contemplada desde el proceso de licitación. 

Ahora lo que se ha pretendido hacer es las cosas por separado: primero hacen la compra al fabricante y después buscan el sistema de distribución a partir de adjudicaciones a operadores logísticos, pero no se ha podido establecer un sistema que le permita el abasto oportuno. 

Destacó que México cuenta con una industria farmacéutica robusta, que tiene la capacidad de abastecer más de 95% de los medicamentos que requiere el país, incluida la nacional como la trasnacional asentada en el territorio nacional, es el líder productor de medicamentos en América Latina. Además, desde hace 20 años, los distribuidores de medicamentos han desarrollado la infraestructura para poder abastecer a todas las unidades médicas del país, sin embargo hace falta planear bien las compras para que no ocurran los problemas que hoy padecen los pacientes de las unidades médicas del sector público.

diego.badillo@eleconomista.mx