Diputadas de Morena y el PRI buscan eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa

Los grupos parlamentarios de Morena y el PRI en la Cámara de Diputados presentaron, por separado, dos iniciativas constitucionales para eliminar la figura del arraigo y prisión preventiva oficiosa, tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente sentencia contra México. 

Al presentar su propuesta, la diputada y vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavez Ruiz, planteó eliminar el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la figura de arraigo. Así como reformar los artículos 155, fracción 12, y 167 segundo párrafo, y derogar el 13 del artículo 155, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el artículo 43 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Según lo expuesto por la legisladora federal, la norma creada en junio del 2008 que dio vida a la figura del arraigo, en el marco de la implementación del entonces llamado nuevo sistema procesal penal acusatorio, y la cual avala que la autoridad judicial a petición del ministerio público y tratándose de delitos de la delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, sin que pudiera exceder de 40 días, no se aplicó de manera adecuada. 

“En suma, la figura de arraigo siempre ha sido sumamente cuestionada, pues su materialización implica que sobre quien se decrete, deba padecer los efectos de una pena de privación de libertad anticipada (…) El arraigo ha sido una herramienta no solo fallida de gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, sino utilizada para fines oscuros”, dijo la legisladora.

Asimismo, la morenista destacó que es necesario acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

Por ello ordenó al Estado la adopción de medidas para dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal y adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva.

Por su parte, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) planteó reformar los artículos 16 y 19 de la Constitución Política, a fin de eliminar las medidas cautelares de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa.

Al tiempo que propuso establecer que el Ministerio Público deberá solicitar al juez la prisión preventiva y el juez, en un análisis individualizado y con base en los elementos aportados por el Ministerio Público, de manera fundada y motivada resolverá sobre la procedencia o no de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La diputada priista señala que dichas medidas deben ser eliminadas ya que vulneran el principio de presunción de inocencia, de la libertad personal y del debido proceso resaltando que la aplicación de este tipo de anticipación de penas o penas precondenatorias carentes de controles de legalidad ubica a las personas en un limbo jurídico y, en consecuencia, en una situación vulnerable a ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Hay que decir que en la actualidad, medidas cautelares como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa se mantienen en nuestra Constitución y se han convertido en una gran contradicción en nuestro sistema penal, porque en esencia son violatorias de derechos humanos.

“Las cifras no mienten: de enero a septiembre de 2022, en México hubo un promedio de 225 mil 628 personas privadas de su libertad, de las cuales, 41 por ciento lo fue por prisión preventiva”, resaltó.

kg