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Política

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Defienden minuta sobre trata de personas

En la Cámara baja se analiza un proyecto con reformas a la ley general en la materia, aprobada en octubre pasado.

La presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado de la República, Adriana Dávila Fernández (PAN), negó que la minuta en esa materia sea frágil y contenga lagunas jurídicas, como aseveró su homóloga en la Cámara de Diputados, Julieta Fernández Márquez (PRI).

La senadora acusó a la diputada de anteponer sus creencias religiosas en el tema y permitir la intervención de la exlegisladora Rosa María de la Garza, o Rosi Orozco.

Tenemos un problema, se están mezclando temas, lo cual me parece verdaderamente grave: las tres presidentas de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados (Julieta Fernández, Leticia López Landero y Rosi Orozco), no es que esté mal, yo no juzgo su derecho y su libertad religiosa, pero, pertenecen a la misma congregación cristiana. Lo que las une a ellas es una afinidad sobre su congregación, y me parece que la religión no puede estar presente en un tema que es fundamental para combatir un delito , dijo Dávila.

Entrevistada por El Economista, la senadora negó que las reformas a la ley general en materia de trata de personas tengan ausente la protección de los derechos humanos, como afirmó la diputada Julieta Fernández, pues argumentó que desde la reforma constitucional del 2011 es imposible que una ley sea aprobada sin mirar ese concepto.

Afirmó que el tipo penal creado en el artículo 10 de la ley es necesario, no por deseo del Senado, sino porque el fenómeno trasnacional del delito de trata requiere que México armonice su legislación, entre otros, con la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de Palermo.

Abundó que medios comisivos de la trata contemplados en la minuta, como el engaño, seducción, rapto, fraude, uso de la fuerza, entre otros, sí permiten la captura de los delincuentes y sus líderes, con la garantía de la presunción de inocencia, y sin confundir el delito con el secuestro.

Evidentemente está equivocada (la diputada Julieta Fernández) en los planteamientos que está haciendo. Primero, porque desconoce los conceptos básicos y del tema de trata de personas. Está confundiendo, la diputada, lo que son bienes jurídicos tutelados con el tipo penal , aseveró.

La senadora acusó a su homóloga en San Lázaro de emitir una opinión negativa de la reforma a nombre de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, sin el consenso de los grupos parlamentarios.

Respecto a lo dicho por la diputada priista Julieta Fernández, quien aseguró que de aprobarse la minuta del Senado, serían liberados unos 600 reos actualmente procesados por ese delito, la senadora Dávila afirmó: si hay excarcelaciones, quien debe asumir la responsabilidad de esas excarcelaciones es quien hizo la ley en el 2012, es decir, la responsable es la señora Rosara María de la Garza, la señora Rosi Orozco, por haber hecho una mala ley. Si las hubiera (excarcelaciones), porque hemos cuidado ese tema, la única responsable sería ella ante la necedad de querer plantear en una ley un asunto que no tiene que ver con la misma , aseveró.

La senadora Adriana Dávila afirmó reconocer que Rosi Orozco sensibilizó el tema de la trata y lo hizo bien en el 2012, sólo que en algunas personas la pérdida del poder les genera algunas circunstancias, y ha convertido esto en su forma de vida, porque ella brinda asesoría, capacitaciones, hace convenios con gobiernos estatales , y cuestionó que Orozco haya entregado premios a los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, a pesar de que son las entidades con más número de casos de ese delito.

jmonroy@eleconomista.com.mx

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