Salvo los decretos relacionados con el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2016 falta aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Asociaciones Público Privadas y a la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Cámara de Diputados tiene pendiente de concretar todos los temas que las ocho fuerzas políticas representadas en su seno incluyeron en sus abultadas agendas legislativas a desahogar entre el pasado 1 de septiembre y el 15 de diciembre.

Con el pretexto de la aprobación del gasto público 2016, cuyo plazo legal vence el 15 de noviembre, la discusión de las reformas en materia de derechos, protección y asistencia a las víctimas; trata de personas; desaparición forzada y tortura; la legislación secundaria para concretar la plena operación del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como garantizar y ampliar los derechos humanos, entre otros temas impulsados por el PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD), seguirá congeladas mínimo una semana más.

Los priístas anunciaron, al arranque de la Legislatura, que durante el primer periodo de sesiones ordinarias privilegiarían complementar el marco jurídico de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, y de arraigo y testigos protegidos; expedir la Ley de la Fiscalía General de la República, la Ley Nacional de Ejecución de Penas y la Ley Federal del Proceso para Sancionar Responsabilidades Administrativas; revisar el marco jurídico del modelo de comunicación política e impulsar las Zonas Económicas Especiales, entre muchos otros asuntos.

La bancada de Acción Nacional acordó reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo federal, expedir la ley que regule la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, reglamentar el artículo 134 Constitucional a través de la Ley de Propaganda Gubernamental para regular el uso y gasto en comunicación social de los tres poderes de la Unión, así como enmendar la Ley de Consulta Popular para garantizar el pleno derecho de los ciudadanos.

Los panistas ofrecieron también reformar la Constitución para impedir la intervención de gobiernos en elecciones e impedir mecanismos ilícitos para publicidad gubernamental.

Entre las diversas prioridades fijadas por el PRD en materia combate a la corrupción destacan la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley General Anticorrupción en materia de Obras Públicas y Servicios y regular la figura del conflicto de interés para precisar su contenido y alcance jurídico.

Durante los casi dos meses y medio de la actual legislatura ninguno de todos esos temas ha sido resuelto, y tras la aprobación del PEF para el próximo año a los diputados federales sólo les restará un mes de trabajo para intentar su aprobación y dar cumplimiento a sus propios ofrecimientos.