El secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordaron nuevas medidas para el combate a la inseguridad en el país.

Por ejemplo, la reestructuración de los fondos destinados a la seguridad pública a nivel local; mantener neutralidad política en cuanto a rubros de seguridad pública y cambiar el enfoque en el tema de las drogas, de un problema de seguridad pública a uno de salud; además de aplicar reglas de operación a las mesas de seguridad estatales, entre otras.

En conferencia de prensa, tras una reunión con la Conago el secretario de Seguridad informó que en la reunión con los gobernadores se les indicó cuál es el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en el país.

En este sentido, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que en la actualidad hay 58,000 elementos ya desplegados.

Esta cifra, puntualizó el secretario de Seguridad Pública, se prevé se incremente hasta 80,000 a finales de este 2019 y atenderán de manera prioritaria los estados de Guanajuato, Chihuahua, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Baja California.

“El primer pilar es la Guardia Nacional, pero la Guardia aún en el momento en el que tenga el despliegue programado que será de 150,000 elementos en el 2023, sino se complementa con cuerpos de seguridad pública estatal y municipal igualmente capacitados y profesionalizados, pagados, formados, la Guardia Nacional aun con sus altos estándares de desempeño resultaría insuficiente si no va complementada en el combate a la inseguridad, con esfuerzos proporcionales y similares de los cuerpos estatales de seguridad”, advirtió.

A los elementos de la Guardia Nacional, dijo Durazo, se prevé que también haya elementos del Ejército, Marina y la Policía Federal, que si bien no están integrados a la Guardia Nacional, seguirán colaborando en funciones de seguridad pública.

En el caso de las policías locales y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), Durazo indicó que se prevé que se reforme para que se destine hasta 50% en el fortalecimiento de las policías locales.

Sobre los fondos, el gobernador de Michoacán y titular de la Comisión de Seguridad de la Conago, Silvano Aureoles, precisó que se calcula que el monto destinado a municipios y el fortalecimiento de sus policías ascienda a alrededor de 42,000 millones de pesos.

“La propuesta (es) para que a partir del año que entra, a partir de enero, 50 % de ese recurso (del Fortamun) vaya específicamente a fortalecer las corporaciones policiacas en los municipios”, mencionó.

Funciones de seguridad

Por la mañana, representantes de la Conago anunciaron, tras una reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que se buscará reformar la Constitución para delimitar las funciones en seguridad pública que tienen las entidades.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, manifestó que se espera que la reforma se presente en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, en septiembre.

“Lo que escuché del fiscal es que el plan es en este periodo de sesiones, que antes de que termine el año, queden aprobadas (las reformas); hay reforma constitucional”.

Aureoles agregó, en cuanto al tema de las drogas y cambiar el enfoque en ese tema a uno de salud, que si bien el asunto es de carácter federal, se buscará hacer concurrentes la ley federal con las estatales a través de la homologación de criterios.

“Se supone que la Fiscalía enviará un paquete de reformas, entre ellas el Código de Procedimientos Penales para hacerlo homogéneo para todo el país; tipificar los mismos delitos, el mismo que hay aquí sea el de Michoacán y poder homogeneizar los criterios”, explicó el mandatario local.

Subastarían bienes del Cártel de Sinaloa

El titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez Vargas, confirmó que el gobierno federal evalúa la posibilidad de subastar algunas propiedades del Cártel de Sinaloa, como ocurrió con la mansión del chino Zhenli Ye Gon.

“Sí, tenemos algunas propiedades en Culiacán, Sinaloa, y casas y vehículos de esa organización”, que encabezó el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, también conocido como el Chapo, indicó en breve entrevista.

El también titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado comentó que el SAE analiza el estatus actual de los inmuebles y automóviles para saber si se pueden vender.

Sostuvo que parte de esas propiedades aún se encuentran en procesos judiciales y penales, de ahí que aún no se han declarado en abandono y no podrían sumarse para una futura subasta en nuestro país. (Notimex)