Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que es inconstitucional que la Fiscalía General de la República investigue cuentas bancarias sin una orden judicial.

Con seis votos a favor y cinco en contra, el pleno de la Corte decidió que la búsqueda de información financiera por parte de la Fiscalía sin una orden de un juez viola la privacidad de las personas.

No obstante, sobre los efectos de la decisión los ministros decidieron dejarlos para la siguiente sesión ya que en caso de que aplique la nueva disposición habría cientos de casos investigados por la Fiscalía que se tendrían que desestimar.

El presidente de la Corte y del Poder Judicial, Arturo Zaldívar, afirmó que las investigaciones se deben llevar a cabo siempre con el respeto irrestricto a la Constitución, así como al debido proceso.

Por su parte, el ministro Jorge Pardo Rebolledo alertó que la decisión tomada puede afectar de manera importante las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía, ya que es recurrente que la instancia de procuración de justicia investigue cuentas bancarias sin la autorización de un juez.

Una de las investigaciones y casos más importantes que se han caído por el argumento de que es ilegal realizar investigaciones de cuentas sin una orden judicial son de la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo.

De acuerdo con una entrevista que otorgó a El Economista en agosto del año pasado el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, quien dictaminó la libertad de la exlideresa magisterial, a quien se le acusaba por el desvío de millones de pesos de las arcas del magisterio nacional, una de las causas por las cuales se desestimó el caso fue por indebida investigación, que siguió la Fiscalía, en ese entonces procuraduría.

Así, el pleno del máximo tribunal del país concordó que las investigaciones que realiza la Fiscalía de la República y las solicitudes para investigar cuentas bancarias son un asunto que preocupa desde el 2017.

Fue en ese año cuando la Primera Sala concedió un amparo sobre el artículo 142, fracción 1 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este amparo fue utilizado a favor, por ejemplo, de la defensa de Gordillo.