Con modificaciones calificadas por la ONU como regresivas , las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobaron la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Los diputados federales que integran esas comisiones unidas fueron convocados para discutir la ley; sin embargo, la llegada de una carta del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, metió ruido al proceso de dictaminación que se prolongó hasta las 5 de la tarde.

En su escrito, el Alto Comisionado dijo conocer que los diputados pretendían realizar modificaciones respecto de la minuta aprobada por el Senado de la República, las cuales, dijo, le parecían regresivas .

Describió que los diputados pretendían modificar el artículo 16 de la ley para impedir que un funcionario acusado de tortura fuera separado del cargo. Y es que, en su lugar, los diputados establecieron que el funcionario no podrá intervenir en su carácter de autoridad en el procedimiento penal en el que la víctima sea parte .

La diputada Cristina Gaytán (PRD) dijo que esa modificación planteada por el PRI significa una ley a modo y en honor al titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, pues ahora los funcionarios acusados de actos de tortura no serán separados del cargo.

Otra de las modificaciones calificadas como regresivas por la ONU fue la modificación al artículo 22 que restringe la competencia de la Federación para investigar la tortura; también el cambio al artículo 33 de la ley que limita las facultades del Ministerio Público de investigar la tortura. La ONU consideró que la modificación al artículo 35 desnaturaliza el registro nacional de víctimas de tortura, ya que limita el registro a los casos que se vincule a proceso al inculpado.

Por otra parte, la Comisión de Justicia aprobó este martes la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, que norma el proceso de suspensión o restricción de derechos y garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro fenómeno que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad.

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