El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para analizar la Acción de Inconstitucionalidad promovida por Diputados, en contra de disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La normativa, también conocida como Ley 3de3, prevé la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, con la excepción de los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución . El asunto ya se encuentra en la lista de discusión de la Suprema Corte.

En este sentido, legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano promovieron la acción de constitucionalidad con el número 70/2016, bajo la ponencia del ministro, José Ramón Cossío Díaz.

Los diputados de oposición impugnaron los artículos 29, 34, párrafo tercero y 48, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de lograr la máxima publicidad de las declaraciones de los servidores públicos.

Con relación al segundo artículo dentro de la Acción de Inconstitucionalidad, busca resolver si se viola el principio de reserva de ley al no preverse una normativa que gradúe el alcance del derecho a la información pública.

En el tercer párrafo del artículo 34 de la Ley, se faculta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, a emitir las normas y los formatos impresos en los que presentará su declaración patrimonial.

De acuerdo con los legisladores, con esto se está facultando al Comité Coordinador del SNA para delimitar este tipo de información, generándose además la posibilidad de que se constituyan tipos administrativos en blanco .

Asimismo, objetaron el artículo 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues igual y como ocurre con la declaración patrimonial, en la correspondiente a la declaración de intereses, será el Comité Coordinador del SNA, el ente que expida las normas y formatos para su presentación, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana.

Cabe recordar que a principios de julio del 2016, en sesión extraordinaria, el Senado de la República aprobó el veto presidencial a la Ley General, referente al artículo 32, en el que se eliminó la obligatoriedad para empresarios que reciban recursos públicos a presentar dichas declaraciones.

Tras recibir la minuta, la Cámara de Diputados votó a favor de las modificaciones, para turnar la Ley General al Ejecutivo, quien 51 días después de vencido el plazo constitucional promulgó el paquete de leyes que conforman el SNA.