El Senado alistaba anoche la aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular, como un mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercerán mediante el voto su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Al cierre de esta edición, el pleno del Senado se alistaba para aprobar la ley, con cambios de último momento acordados entre el PAN y PRI, y rechazos por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano.

En tribuna, el senador Alejandro Encinas (PRD) acusó que la ley acordada tiene la intención de frenar que se realice una consulta sobre la reforma energética aprobada el año pasado. Y es que la nueva norma, plantea que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien defina cuando haya controversias en los temas a consulta. La senadora perredista Dolores Padierna consideró que la nueva ley, afirmó que la consulta será decidida únicamente por la clase política, y no abrirá las anchas avenidas a la ciudadanía .

Polémica causó el senador Omar Fayad (PRI), luego de afirmar en la tribuna que no podemos pensar en el dicho de que el gobierno es del pueblo y que el pueblo es el que manda .

Ustedes puedan admitir que ese dicho lo ejerza cada mexicano, porque eso llevaría a la anarquía, porque saben perfectamente que eso es imposible, porque no podríamos reunir a 120 millones de mexicanos para cada decisión que quisiéramos tomar , sentenció.

La consulta procederá cuando el objeto sean los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre que sean de trascendencia nacional. No procederá consulta popular sobre la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; sobre los planteamiento del 40 constitucional, la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional, y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

El Presidente de la República; el 30% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, y los ciudadanos en un número equivalente a al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, podrán llamar a consulta.

El Congreso emitirá la convocatoria, la Suprema Corte de Justicia Nacional deberá validar los temas a consulta, y el Congreso notificará al IFE (próximamente Instituto Nacional de Elecciones), para que proceda a su organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Será vinculatoria más del 40% del padrón electoral participan.

Se busca que los ciudadanos respondan una pregunta derivada únicamente de la materia de consulta popular, no tendenciosa ni que contengan juicios de valor.

En caso de que el resultado de la consulta popular sea vinculante, la SCJN notificará a las autoridades para su cumplimiento.

La autoridad electoral será quien promueva a través de los tiempos que le correspondan en radio y televisión, la participación de los ciudadanos en la consulta popular e imprimirá el material electoral.

jmonroy@eleconomista.mx