En medio de un reconocimiento de debilidad de las instancias de procuración de justicia en el país, representantes de los poderes de la Unión iniciaron el diálogo para presentar una nueva reforma al Poder Judicial.

Durante el foro Reforma con y para el Poder Judicial, en el Senado de la República, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, consideró relevante que la construcción de la reforma sea con base en un diálogo institucional entre poderes.

Destacó la necesidad de una reforma al Poder Judicial, con el argumento de que, a pesar de los esfuerzos del máximo tribunal, aún es mal percibido por la ciudadanía.

En abril de este año, el grupo parlamentario de Morena propuso una reforma constitucional para ampliar a 16 el número de ministras y ministros de la SCJN, y para que los nuevos cinco integrantes conformaran una Sala Especializada en Anticorrupción.

Zaldívar detalló que, para combatir la corrupción e impunidad del Poder Judicial de la Federación, se inició un proceso de autorreforma para erradicar estas prácticas y fortalecer la carrera judicial, además de que se intensificaron las investigaciones a los jueces y magistrados involucrados en actos ilícitos, para destituirlos o suspenderlos de sus cargos.

Del mismo modo, se aprobó un acuerdo general para fortalecer la contraloría de la SCJN; se implementó un programa anual de verificación patrimonial, y se admitieron quejas contra servidores públicos, eliminando los requisitos que obstaculizaban su análisis a profundidad.

“Estamos en un momento social y político propicio para una reforma que fortalezca al Poder Judicial de la Federación, que lo dote de mejores herramientas para servir a la sociedad”, aseguró Zaldívar.

El ministro adelantó que se enviará al Senado una propuesta para complementar las reformas que se plantean en el Legislativo.

En su intervención, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, destacó la necesidad de que el Congreso de la Unión expida la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República antes del 18 de enero, para definir sus funciones internas.

El fiscal mencionó la relevancia de generar mecanismos contra la puerta giratoria y plantear un sistema sólido de justicia, con el fin de que los ciudadanos puedan acceder a ella.

En nuestro país se han cometido cerca de 33 millones de delitos en el último año, “de los cuales cerca de 99% ha quedado impune”, recordó.

El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, explicó que la reforma tiene el objetivo de reforzar la independencia y profesionalismo del Poder Judicial.

Entre las modificaciones legales se prevé la creación de un Código Penal Único, que se aplicaría en todas las entidades federativas, y así establecer un trato idéntico a las mismas conductas punibles, con excepción de los hechos relacionados con el aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia.

Igualmente, se planea la creación de un registro nacional de carpetas de investigación y las bases de atracción de los casos entre el Ministerio Público de la Federación y las entidades federativas.

También se propone la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para facultar a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para fijar criterios y emitir lineamientos para la elaboración de las carpetas de investigación.

Finalmente, en su intervención el senador de Morena y promotor del foro, Ricardo Monreal, aseguró que no se busca imponer exigencias a la estructura del Poder Judicial, y detalló que se propone tener para enero del próximo año un borrador de las reformas que se requieren, por lo que se conformará un grupo para su construcción, integrado por la FGR y el área jurídica de la Presidencia de la República.

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