El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que su gobierno no tolerará la corrupción; sin embargo, poco se ha conocido del avance de investigaciones de casos emblemáticos como La Estafa Maestra y Odebrecht, los cuales han propiciado una fuerte polémica al ser ventilados más en el escenario político nacional, poniendo en riesgo el debido proceso, que en las instancias judiciales. En tanto, funcionarios de su gobierno, han sido señalados de incurrir en presuntos actos deshonestos, cuyo procesamiento ha generado airados cuestionamientos.

De los tres grandes asuntos heredados de la administración pasada, Odebrecht, la Estafa Maestra y las empresas fantasmas del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sólo ha avanzado este último. Un tribunal federal ratificó la sentencia a 9 años de cárcel dictada en 2018, pero determinó que se le devolvieran 41 propiedades que se le habían asegurado.

De la Estafa Maestra, en donde se documentó el funcionamiento de una red de corrupción sólo se ha iniciado juicio a la exsecretaria de Desarrollo Social, pero sólo por omisión, en un proceso judicial altamente criticado y politizado. De los demás exfuncionarios presuntamente involucrados no se ha conocido el avance de las investigaciones.

En tanto, del asunto Odebrecht, sólo se ha detenido al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha solicitado se le otorgue el Criterio de Oportunidad a cambio de aportar información que esclarezca el caso. Como parte de ello, presentó una denuncia contra 17 personas.

El caso se ha ventilado más en las conferencias matutinas del Presidente que en los juzgados y hay quienes aseguran que se ha afectado al debido proceso. Eso propició un fuerte golpeteo político.

Por otra parte, a unos días de que el jefe del Ejecutivo rinda su segundo Informe de Gobierno, han ocurrido al menos siete casos en los que se ha denunciado a gente de su administración en presuntos actos de corrupción, los cuales han sido polémicos por la forma en que han sido procesados en la instancia de control administrativa.

Además, aunque en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal se establece que las adjudicaciones directas estarían prohibidas, durante el sexenio 77.2% de las compras se han hecho usando ese mecanismo.

Lo bueno

De acuerdo con académicos y expertos en temas de transparencia y lucha contra la corrupción, entre los aciertos de la estrategia desplegada por el gobierno del presidente López Obrador para desterrar la corrupción de la administración pública, destaca la consistencia en la narrativa en contra de ese problema.

Además, el tema es eje central del Programa Nacional de Desarrollo y el especializado de la Secretaría de la Función Pública.

La consigna de luchar contra la corrupción se observa en la forma de integrar el presupuesto desde la Secretaría de Hacienda y las políticas para adquisiciones. También se reconoce el trabajo de control desplegado desde la Secretaría de la Función Pública y el que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, principalmente.

Lo malo

Las críticas a la estrategia del gobierno en contra de la corrupción están relacionadas con el enfoque moral que le ha impuesto el gobierno federal, la desarticulación y no haber reforzado el Sistema Nacional Anticorrupción. Además, constantemente se observan señalamientos en el sentido de que el gobierno ha decidido atacar ese fenómeno mediante la revisión de casos emblemáticos, pero con la particularidad de que los esfuerzos van dirigidos a ciertas cabezas y no a la red de corrupción que utilizaron. Es el caso de La Estafa Maestra y Odebrecht.

También, constantemente hay recriminaciones a la politización y desaseo con el que se han tratado investigaciones como el asunto de Odebrecht, lo cual estaría afectando el debido proceso.

Lo cierto es que aun es temprano para conocer si las estrategias usadas por este gobierno darán buenos o malos resultados. Lo que hay son muchas expectativas.