Aquí presentamos un recuento de los casos de corrupción emblemáticos ocurridos en la pasada administración, pero que todavía no se resuelven judicialmente, así como algunos asuntos en los que funcionarios relacionados a la actual administración federal han sido acusado de prácticas corruptas y cuyo procesamiento han generado controversias.

Casos emblemáticos “heredados” por administraciones anteriores:

Odebrecht y AHMSA-Pemex y la campaña de EPN

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido de la constructora brasileña Odebrecht 9.1 millones de dólares, por lo cual es acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), asociación delictuosa y cohecho.

Los recursos los habría recibido a cambio de facilitar la obtención de contratos de obra pública, ya iniciado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En diciembre de 2013, Odebrecht obtuvo los contratos para las obras en la refinería de Tula, de Pemex, por 1,364 millones de pesos.

El primer expediente judicial en el que estuvo involucrado el exdirector de Pemex, Lozoya Austin se abrió el 25 de enero de 2017.

Lozoya Austin también es acusado de haber recibido 3.4 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) en 2012, aunque la acusación formal relacionada con este asunto es por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El dinero recibido por el exfuncionario habría sido el pago de sobornos por la ayuda para promover ante el Consejo de Administración de Pemex, la compra de la planta “chatarra” de Agro Nitrogenados a AHMSA, por la cual la paraestatal pagó 240 millones de dólares.

En enero de 2017, la Auditoría Superior de la Federación determinó que Pemex no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la compra de la empresa Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., filial de Altos Hornos de México S. A. (AMSA), propiedad del empresario Alonso Ancira Elizondo.

El dictamen derivado de la auditoría concluida en 2017 señala que la adquisición de la planta de fertilizantes fue por 275 millones de dólares, considerando que se rehabilitaría con una inversión de 200 millones de dólares, con lo que el total ascendió a 475 millones de dólares. Sin embargo, en agosto de 2015, la Junta Directiva de P.M.I. Holdings, B.V. autorizó un incremento de 285 millones de dólares para rehabilitación, 142.5% más de lo previsto inicialmente, con lo que el costo total del proyecto aumentó hasta 760 millones de dólares.

El pasado 17 de julio, cuatro años, cinco meses y nueve días después de renunciar a la dirección general de Pemex, Lozoya Austin regresó a México en calidad de extraditado de España. El funcionario se habría acogido al beneficio de criterio de oportunidad y presentó una denuncia en la que pide investigar a 17 exfuncionarios.

De este caso lo más destacado no es el avance de las investigaciones, de lo cual no se ha informado, sino los video escándalos que desató, en los que se vio involucrado un hermano del propio presidente videograbado recibiendo dinero de un exoperador político y luego alto funcionario del gobierno federal.

El lunes 17 de agosto, el presidente López Obrador dijo en conferencia de prensa que debiera hacerse pública la denuncia y también pidió se dieran a conocer los videos que aportó Emilio Lozoya que documentan casos de corrupción.

Exhiben entrega de dinero a gente del PAN en el Senado

El martes 18 de agosto, luego de que el presidente López Obrador pidió en su conferencia matutina que se dieran a conocer a medios de comunicación los videos que habría aportado Emilio Lozoya en su denuncia contra exfuncionarios relacionados en casos de corrupción, apareció en YouTube un video desde una cuenta a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin donde se ve a una persona entregar bolsas con fajos de dinero a Rafael Caraveo, exsecretario técnico del Senado y cercano al exsenador campechano, Jorge Luis Lavalle Maury y Guillermo Gutiérrez, quien hasta ese día era secretario particular del gobernador de Querétaro y exsenador panista, Francisco Domínguez. El dinero sería parte de los sobornos que Emilio Lozoya afirma haber entregado a senadores entre 2013 y 2014.

Al día siguiente se filtró, integra, en redes sociales de periodistas la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya contra 17 exfuncionarios públicos.

El videoescándalo de Pío de López Obrador

El 20 de agosto, a unas horas que se filtraran los videos donde se ve a gente cercana a exsenadores del PAN recibiendo dinero, aparentemente enviado por Emilio Lozoya, el periodista Carlos Loret de Mola presentó en el portal en internet Latinus videos en los que se ve a Pío López Obrador, hermano del presidente recibiendo dinero de manos de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien hasta hace unos días se había desempeñado como Director de Protección Civil y había sido nombrado zar anticorrupción para la compra de medicinas del gobierno federal.

Debido a la aparición de los videos se suspendió el nombramiento del funcionario. Senadores panistas denunciaron el hecho ante la Fiscalía General de la República.

El presidente López Obrador dijo que, en ese caso se trataba de donaciones y no un acto de corrupción, como, dijo, sí ocurrió en el caso de los videos donde aparecen personas cercanas a exsenadores panistas.

La Estafa Maestra

El gobierno federal, a través de 11 dependencias firmaron contratos ilegales por 7,670 millones de pesos de las cuentas públicas de 2013 y 2014, con diversas empresas y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3,433 millones.

Trabajos periodísticos documentaron que el dinero fue entregado a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen, ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas o, simplemente, porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario, señala una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político.

El 13 de agosto de 2019, fue detenida la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, cuando se presentó al ser citada por un juez. Lo que llama la atención es que únicamente ha sido acusada de omisiones, por no haber hecho algo para impedir que Sedesol y Sedatu —de las que fue titular— firmaran convenios presuntamente fraudulentos que habrían causado desvíos de recursos. Incluso es un delito que no amerita prisión preventiva, no obstante, el juez decidió mantenerla en prisión preventiva porque podría fugarse con el argumento de que tenía dos licencias de conducir con distintas direcciones, aunque la defensa demostró que una de ellas tiene huella y firmas que no corresponden a la exfuncionaria. Ningún otro funcionario (habrían participado al menos 20 en esta red) ha sido detenido.

Las empresas fantasma de Javier Duarte

Entre 2011 y 2016, el DIF de Veracruz entregó más de 415 millones de pesos en contratos con 33 empresas fachada que pertenecen a una red de 400 empresas fantasma.

El proceso culminó el 26 de septiembre de 2018 con una sentencia de nueve años de prisión en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, detenido en abril de 2017 en Guatemala.

Sin embargo, el 1 de octubre de 2018, la organización Tojil Estrategia contra la Impunidad, presentó una denuncia contra funcionarios de la FGR, principalmente contra la fiscal Martha Estela Ramos Castillo, quien negoció el procedimiento abreviado en favor de Duarte. Se inició una investigación y cuando la ONG pidió en este expediente el reconocimiento de carácter de víctima y el acceso a las fotocopias del expediente, la respuesta fue negativa. La ONG inició un litigio que concluyó el 16 de enero pasado cuando el Séptimo Tribunal Colegiado Penal revocó el amparo que un juez federal había otorgado a la asociación civil y que reconocía en forma inédita esa calidad jurídica y su consecuente acceso a la citada indagatoria.

Adriana Greaves y Estefanía Medina, cofundadoras de la citada organización civil señalaron que cuando un juez había otorgado el amparo, la Fiscalía General, ya a cargo del actual titular, Alejandro Gertz Manero, decidió impugnar esta decisión. En su opinión, estas acciones abren suspicacias sobre ¿cuál es el interés de la actual Fiscalía en negarse a recibir la ayuda de la sociedad en esta investigación?, ¿por qué la Fiscalía busca mantener en opacidad la investigación de este pacto que ahora es conocido abiertamente?, ¿esta negativa tiene que ver con un acuerdo para preservar este pacto?

César Duarte de Ochoa y el desfalco al gobierno de Chihuahua

El exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques es acusado de peculado, desvío de fondos públicos, de haber endeudado al gobierno de esa entidad por más de 48,000 millones de pesos y de haber desviado más de seis millones de dólares a dos empresas relacionadas con su persona, así como de haber desviado 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI cuando fue gobernador, entre (2010 y 2016).

Fue detenido en Miami, Estados Unidos, el 7 de julio pasado, justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrado visitó al presidente estadounidense Donald Trump. Al momento de su captura tenía más de tres años de haber sido declarado formalmente prófugo de la justicia. La investigación contra el exfuncionario inició desde 2016, cuando dejó el cargo al panista Javier Corral.

Pero en enero de 2019, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador renovó la solicitud de extradición. Sin embargo, esa autoridad judicial revocó el decomiso de 41 propiedades.

Facturas falsas cobradas en el sector salud

Entre 2014 y 2018 instituciones del sector salud federal y de 30 entidades federativas pagaron 22,933 facturas falsas expedidas por 837 empresas fantasma, por un monto total de 4,179 millones 046,254 pesos. El Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Oaxaca reunieron 80% del total de facturas de las entidades federativas; el primero de ellos recibió el 41% del total de facturas detectadas por un monto que ascendió a casi 2,000 millones de pesos, denunciaron en marzo de 2020 las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero. La investigación no ha concluido. Lo que la autoridad tiene que indagar es a nombre de quién están esas empresas para deslindar responsabilidades.

Señalamientos de presuntos casos de corrupción generados durante el gobierno del presidente López Obrador:

Triangulación de dinero de Conade

Desde que la exatleta Ana Guevara asumió la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tres empresas, en complicidad con las federaciones deportivas, son utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias.

En febrero de 2020, una auditoría del Órgano Interno de la Secretaría de la Función Pública reportó el mecanismo mediante el cual un grupo de servidores públicos desvió en 2019 recursos federales del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. La revisión revela que el dinero del fondo fue comprobado con documentación “alterada, apócrifa y carente de validez fiscal” y que los recursos públicos fueron triangulados mediante empresas que facturaron a sobreprecio la realización de eventos deportivos, reveló una investigación de la revista Proceso.

Las casas de Manuel Bartlett

En agosto de 2019, una investigación periodística reveló que desde que dejó el gobierno de Puebla y se convirtió al lopezobradorismo, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, ha amasado, en familia, una fortuna que no parece corresponder con los ingresos de alguien que ha dedicado su vida a la política. Señalaron que en los últimos 18 años Manuel Bartlett, su pareja, e hijos, han construido un imperio inmobiliario con 23 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras del valle de México: Las Lomas, Polanco, Tecamachalco, la colonia Roma y la “milla de oro” en el Paseo de la Reforma.

La SFP investigó el caso y determinó que, de la revisión exhaustiva de sus declaraciones patrimoniales, se concluyó que no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad.

El exdelegado Carlos Lomelí y sus negocios en el sector salud

En junio de 2019, el (ahora ex) delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños fue señalado de ser el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas que venden a gobiernos y que buscaba ser contratista de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la mega licitación de medicinas que convocó la oficial mayor de Hacienda y Crédito Público. Además, fue denunciado de ser el centro de una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el exfuncionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.

A mediados de julio Lomelí Bolaños, renunció a su cargo y lo anunció él mismo en su cuenta de Twitter. A principios de septiembre, los Laboratorios Solfran y Lomedic, empresas de Carlos Lomelí, fueron inhabilitadas por dos años y seis meses.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó el 15 de julio pasado que tenía siete investigaciones abiertas contra Lomelí y adelantó que existían indicios de que incurrió en conductas irregulares, por lo que podría ser sancionado.

El IMSS compra a empresa sancionada

En abril de 2020 el gobierno federal siguió un inusual procedimiento exprés, de apenas cuatro días, para asignar directamente un contrato por 93 millones de dólares a un proveedor que desde hace 20 años ha sido acusado de fraude, sobornos e incumplimiento. La empresa Levanting Global Servicios presentó una propuesta al IMSS para venderle hasta 3,000 ventiladores pulmonares. Ese mismo día la institución respondió que era viable asignarle el contrato y dos días después, el 30 de marzo, formalizó la adjudicación. La empresa expidió ese día una factura para cobrar 660 millones de pesos de adelanto, pese a que el contrato se formalizó hasta el día siguiente, 31 de marzo. El 8 de abril la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el dueño de esa empresa es Baldemar Pérez Ríos, un empresario guanajuatense residente en Houston que había sido sentenciado por fraude bursátil en Estados Unidos y por falsificación de documentos e incumplimiento de contratos en Pemex y en la CFE. Señaló que Baldemar Pérez fue investigado por la Función Pública por tejer una red de 30 “empresas fantasmas” con las que se hizo de contratos millonarios con Pemex entre los años 2000 y 2010, además de haber sido acusado de sobornar a funcionarios.

Los negocios del hijo de Manuel Bartlett con el IMSS

El 30 de abril del 2020 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró un contrato con León Manuel Bartlett Díaz, hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para la adquisición de 20 ventiladores para uso en el tratamiento de pacientes con afecciones en sistema respiratorio y en estado crítico. La institución pagaría 1. 5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado la Federación hasta el 1 de mayo.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que cuenta con más de siete líneas de investigación abiertas sobre ese asunto y que las diligencias y visitas de verificación e inspección iniciaron desde el 1 de mayo y ya se cuentan con los elementos para los procedimientos de asignación de la sanción correspondiente por presuntas irregularidades.

En tanto el IMSS informó que levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores. Explico que luego de una revisión física, detectó que los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir no cumplían con los requerimientos funcionales acordados, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicada en mayo de 2020.

La casa de campaña de AMLO

En mayo de 2010 una investigación periodística reveló que la casona de Chihuahua 216, en la colonia Roma de la Ciudad de México, la cual funcionó como casa de campaña y luego del gobierno de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, es parte de la red de propiedades, empresas e intereses del grupo encabezado por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz. El periodista Carlos Loret de Mora difundió que cuando fue usada por el ahora presidente de la República, esa casa era de Jesús González Torres, un político que ha trabajado dese hace 49 años con Bartlett y que es socio de su hijo León Manuel Bartlett Ávila.

Hermano de titular de la SFP, acusado de proselitismo con progamas sociales

En julio pasado, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y delegado del gobierno federal en Guerrero, fue señalado de utilizar los programas sociales del gobierno federal, para construir su candidatura a la gubernatura del estado.

En un video que circuló en redes sociales y portales de medios de comunicación se escucha cómo durante un evento de entrega de apoyos a comunidades el orador hace énfasis en que se aprendan el nombre del funcionario.

El propio señalado presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Guerrero para que se investigue el hecho. Posteriormente el diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, denunció ante la Secretaría de la Función Pública que el Sandoval hace uso “reincidente de recursos públicos y programas sociales con fines político-electorales.

El gobierno prefiere las adjudicaciones directas

Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal se establece que las adjudicaciones directas estarían prohibidas durante el sexenio del presidente López Obrador su administración ha abusado de esta forma de comprar. De acuerdo con MCCI, al cierre de julio de 2020, la base de datos de Compranet contiene información sobre 84,372 procedimientos. De estos, 65,156 han sido entregados por vía de la adjudicación directa, equivalentes al 77.2% del total, mientras que la licitación pública ha sido utilizada 10,786 veces, es decir, el 12.8% de las ocasiones.

diego.badillo@eleconomista.mx