A una semana de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajara la reglamentación expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar cancha pareja , el Consejo General lleva a la discusión un acuerdo sobre uso de programas sociales con fines electorales.

En éste se incluyen temas como uso de tarjetas con promesas de beneficios, entrega de programas en eventos masivos, y uso de propaganda gubernamental. Las normas abarcan tanto los procesos federales como los locales, en 30 estados del país, para el 2018.

Así, tarjetas como las que se vieron en los procesos electorales del 4 de junio se considerarían propaganda ilícita , según indica el documento. Esto se extiende no sólo a las tarjetas sino a cualquier instrumento que prometa un beneficio a cambio del voto.

A partir de que arranque el proceso electoral, el 8 de septiembre, y hasta el 31 de diciembre, los gobiernos estatales tendrían que reportar al INE y a los Organismos Públicos Locales sobre los programas oficiales con los que cuentan y de aquellos que sean aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que vayan a operarse durante el proceso electoral.

Con esta información, el INE haría un catálogo de programas sociales; aquellos que no se reporten y se implementen ya en el periodo electoral existiría la presunción de que tienen una finalidad electoral.

Además, agrega el acuerdo, que no se podrían entregar en periodos electorales.

Desde el inicio de las precampañas, los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios , se lee en el documento.

También incorpora un apartado para el uso de propaganda gubernamental; en ese sentido pide que desde el inicio de campañas, se prohíbe difundir temas que no sean sobre salud o protección civil; además, agrega que este tipo de comunicación tiene prohibido incluir materiales visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que impliquen la promoción de un gobierno.

No podrán difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular , indica.