La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó que los grupos de autodefensa no son la solución a los problemas de inseguridad que se enfrentan, sino que es el estado el responsable de proveerla, principalmente cuando se trata de delincuencia organizada.

Al presentar el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa en el estado de Michoacán y las Violaciones a los Derechos Humanos Relacionadas con el Conflicto , el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, dijo que se deben atender las causas que les dieron origen principalmente en esta entidad.

El documento recoge 55 propuestas dirigidas a la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de Seguridad, el gobierno de Michoacán, el Congreso local y Ayuntamientos de esta entidad.

Ha habido avances sustantivos en la última etapa, pero todavía siguen siendo insuficientes porque todavía se presentan el fenómeno en algunas comunidades de Michoacán, por eso las medidas que estamos proponiendo son para que se fortalezca esta circunstancia , explicó.

Dijo que esta entidad tuvo una acentuada debilidad en su Estado de Derecho, porque no había forma de que existiera justicia cuando se presentaban esta conductas, porque en muchos casos se mencionaba al Ministerio Público como vinculado a las organizaciones y en otros casos no había presencia de Ministerio Público en las comunidades .

El punto crítico fue el periodo del 2011 al 2012. Mientras las autoridades se concretaron a desplegar fuerzas para combatir a la delincuencia organizada,no atendieron la persecución del delito, la investigación de funcionarios coludidos con el crimen organizado o vulnerar sus estructuras económicas.

En 2,858 testimonios recogidos por la CNDH se da cuenta de los crímenes a los que fueron sometidos los michoacanos. Relatos de secuestros por parte de Los Caballeros Templarios, homicidios con altos grados de violencia, en muchos casos expuestos en la vía pública o enterrados de fosas clandestinas, extorsiones y pago de cuotas , ataques sexuales a mujeres y niñas, circunstancia que da origen a los grupos de autodefensa en febrero del 2013.

El organismo nacional reportó que el fenómeno abarcó 33 municipios; es decir, 56.10% del territorio de Michoacán, correspondiente a 32,897 km2, y mencionó que aunque en las otras demarcaciones no haya existido este movimiento, no las exenta de la presencia de la delincuencia organizada.

La respuesta de los tres órdenes de gobierno fue omisa, ya que no se implementaron acciones para desaparecer las causas de su existencia, frenar a los civiles armados y proteger a la población civil.

Esto generó una especie de conformación combativa dentro del territorio michoacano entre dos grupos que, lejos de abonar a una solución de seguridad pública, recrudeció la violencia , indicó.

Casi un año después, autoridades federales y estatales lanzaron una estrategia de combate a los Caballeros Templarios y para desmovilizar a los autodefensas, creando la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, con el intento de regularizar estos grupos en la Fuerza Rural Estatal.

El organismo nacional destacó que aunque inicialmente el objetivo de las autodefensas fue proteger a la población, testimonios refieren que en algunos casos permitían el ingreso de miembros de la delincuencia organizada .

En este sentido, la CNDH indicó que las autoridades deben investigar el origen de las armas, el financiamiento de estos grupos y los señalamientos sobre su pertenencia al crimen, así como la posible infiltración de estos grupos criminales a la ahora Fuerza Rural Estatal.

Destacó que a pesar de las acciones de los gobiernos federal y estatal, deben atender con intensidad la falta de oportunidades y desarrollo, y reestructurar y depurar áreas de procuración y administración de justicia.

En este sentido, propuso a la PGR hacer un diagnóstico en la materia y reforzar las agencias del Ministerio Público, investigar las denuncias de las víctimas de Los Caballeros Templarios y autoridades coludidas con ellos.

A la Comisión Nacional de Seguridad le destacó la necesidad de coordinar los trabajos con autoridades federales encargadas de la seguridad pública y junto a las estatales y municipales, restablecer las condiciones de seguridad, entre otras.

Al gobierno de Michoacán le propuso crear una unidad especial para indagar la desaparición de personas, la ubicación de fosas clandestina y exhumaciones, indagar estos hechos e implementar un programa de Ministerio Público itinerante.

Al Congreso local lo exhortó a realizar acciones para el restablecimiento del orden jurídico y la gobernabilidad, garantizar recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Michoacán y legislar en materia de desaparición de personas.

Los ayuntamientos deberán atender con políticas de desarrollo social a las zonas rurales y vulnerables, atender la violencia contra la mujer y reintegrar a los menores, principalmente a los que participaron en los grupos de autodefensa a través de apoyos educativos y sociales.