En una sesión ríspida, cargada de críticas, el PRI y el PVEM lograron que la Comisión de Justicia del Senado pospusiera la votación de la ley de amnistía para autodefensas de Michoacán, dictamen que se revisará luego de que el gobierno federal alertó que la medida fomentaría la libertad de personas involucradas con el crimen organizado.

Aunque legisladores del PAN, PRD y PT argumentaron que la ley es un acto de justicia y con ella saldrían de prisión 383 autodefensas, entre ellos José Manuel Mireles, detenidos por defender a sus comunidades de la inseguridad a falta de la actuación de las autoridades, el comisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo, les corrigió la cifra a través de un oficio.

El dictamen propone amnistía para los detenidos entre el 24 de febrero del 2013 y el 1 de septiembre del 2014, tiempo en el que el gobierno detuvo a 3,366 personas llamadas autodefensas, de las cuales 2,283 fueron puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común y 983 a disposición del fuero federal, acotó Galindo.

Agregó que del fuero federal destacan 245 personas detenidas por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 142 por delitos contra la salud, y 336 por una combinación, de ambos, por lo que de aprobar la ley habría la posibilidad jurídica para que queden en libertad presuntos vinculados con la delincuencia organizada.

Estos 983 detenidos del fuero federal, en muchos casos, fueron señalados por la propia comunidad o detenidos en flagrancia cuando portaban armas de uso exclusivo del Ejército, drogas o vehículos robados, o participando en enfrentamientos directos con la autoridad , precisó.

Mientras que en un oficio aparte, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, recomendó cautela en la aprobación de la ley y arremetió contra los senadores al destacar que con esto invaden la esfera de actuación del Poder Judicial federal y el Ministerio Público federal, pues sin conocer las causas de las detenciones concluyen que en todo caso las acciones de los procesados tenían como finalidad subsanar la falta de autoridad que existía en diversos municipios de Michoacán .

A la Comisión de Justicia llegaron todos los integrantes de los partidos políticos y el PRI fue puntual para que no lo mayoriteara la oposición.

A petición del priísta Omar Fayad y la perredista Angélica de la Peña se decretó un receso indefinido para revisar la redacción del dictamen.

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