La Cámara de Diputados aprobó diversas reformas para actualizar disposiciones del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que entró en vigor en junio pasado.

Entre los cambios, plantea beneficios para los procesados por delincuencia organizada que aporten elementos que a su vez permitan la confiscación de bienes y la extinción de dominio.

El dictamen de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, fue aprobado por 385 votos a favor y uno en contra, y fue turnado al Senado de la República para su codictaminación.

Las reformas se desprenden de una iniciativa presentada por el diputado José Hernán Cortés Brurem (PAN), el pasado 22 de noviembre.

En el caso de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las reformas plantean que, durante el proceso penal, cuando el inculpado aporte elementos suficientes para sentenciar a otros integrantes de la delincuencia o para decomisar o extinguir el dominio de sus bienes, su sentencia podrá reducirse a la mitad.

También podrá aplicarse a las personas que colaboren eficazmente con el agente del Ministerio Público de la Federación en la investigación, localización, aseguramiento, decomiso o extinción del dominio de los bienes producto del delito de delincuencia organizada o de los delitos vinculados , refiere.

En el caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establece que las personas privadas de la libertad no podrán poseer ningún equipo de telecomunicaciones. Si la autoridad penitenciaria advierte que la persona privada de la libertad tiene en su poder un equipo de esta naturaleza, se procederá a su aseguramiento y se instruirá el procedimiento disciplinario correspondiente sin perjuicio de las sanciones del orden penal que en su caso correspondan .

Justicia para adolescentes

En el caso de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las reformas establecen que la persona adolescente emancipada en internamiento preventivo tendrá derecho a visitas.

También establece un procedimiento para entregar al adolescente que hubiera sido liberado, y en caso de que sus padres o familiares no reclamen su custodia.