El Senado aprobó por unanimidad una reforma que, mediante el control político, ordenará a las autoridades cumplir con las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y facultará a la misma a interponer denuncias penales contra los funcionarios que sean acusados de violación grave a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está llamada a hacer un papel relevante, no sólo por esta transferencia de facultades constitucionales y legales. Estas facultades las tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones graves a las garantías individuales, ahora a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le corresponderá la investigación de esas violaciones a los derechos humanos , dijo el senador Tomás Torres, quien propuso y fue aceptado por el pleno que la CNDH pueda interponer denuncia penal ante el Ministerio Público cuando un funcionario público se niegue a acatar un exhorto del organismo defensor de los derechos humanos.

Con las reformas se actualiza la ley a los cambios constitucionales aprobados por el Congreso que fortalecen a la CNDH, así, entre otros, se integran a las disposiciones de la ley la observancia de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, invocados para la defensa y promoción de los derechos humanos; se actualiza la disposición legal que refiere la integración de la CNDH; así como lo relativo a la facultad que adquiere derivado de la reforma constitucional para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

Establecer que todo servidor público tendrá como obligaciones las de responder las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola.

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