La lucha de fuerzas entre el PRI y su aliado el PVEM, en una esquina, y la oposición del PAN y PRD, fundamentalmente, en la otra, provocó que la Cámara de Senadores incumpliera, una vez más, con su obligación constitucional de nombrar al titular de la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Finalizado el segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión el pasado 30 de abril, los senadores retomarán el tema nuevamente a partir del próximo 1 de septiembre, cuando iniciará el siguiente periodo ordinario, aunque existe la posibilidad remota de que cumplan con su promesa de convocar a un periodo extraordinario, en julio, para concretar dicho nombramiento.

Priistas y pevemistas empujaron fuerte para concretar el nombramiento del fiscal anticorrupción en la recta final del pasado periodo ordinario, pero la posición adoptada por panistas y perredistas, coincidente con la de representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que antes de la referida designación era necesario modificar de nuevo el Artículo 102 constitucional para garantizar la autonomía del fiscal general de la República, impidió alcanzar el consenso necesario.

Dicho nombramiento requiere del aval de dos terceras partes de los senadores presentes al momento de someter a votación el decreto correspondiente; es decir, de mayoría calificada.

Contrario a la posición del PRI, los senadores del PAN y PRD defienden la idea de que si bien la nueva Fiscalía General de la República ya está contemplada en la Constitución, a la fecha no ha sido declarada legalmente la entrada en vigor de sus actividades y de su autonomía constitucional.

En acatamiento del mandato del Constituyente permanente, el Congreso mexicano debe expedir las normas secundarias correspondientes y hacer la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la nueva Fiscalía, lo que no ha sucedido, tal como ordena el Artículo 16 transitorio de los cambios al Artículo 102 constitucional promulgados el 10 de febrero del 2014.

ONG advierten riegos

El Colectivo #FiscalíaQueSirva, conformado por distintas organizaciones civiles y personas, alertó recientemente sobre los riesgos de nombrar al fiscal anticorrupción, sin que existan condiciones que garanticen su independencia y autonomía.

La reglas del proceso de designación y la falta de garantías que aseguren la autonomía de la Fiscalía no aseguran la legitimidad y la eficacia incluso del más virtuoso de los aspirantes a combatir la corrupción en México , consideró.

Desde la visión de sus integrantes, las leyes vigentes establecen la subordinación orgánica de la Fiscalía Anticorrupción a la PGR porque varias de sus atribuciones sustantivas se supeditan a la autorización de su superior que es el procurador.

Tanto el presupuesto de la Fiscalía Especial Anticorrupción, como la designación, transferencia y remoción de su personal adscrito dependerán de la aprobación del procurador. El titular actual, Raúl Cervantes, fue designado el año pasado por el jefe del Ejecutivo de forma directa y puede ser removido libremente por éste. Es decir que la Fiscalía Especial Anticorrupción depende jerárquicamente del poder Ejecutivo. Dado este contexto, no es posible garantizar que la nueva Fiscalía Especial lleve a cabo investigaciones libres e independientes , alertó la agrupación de especialistas en la materia.

De ahí que exige también confeccionar nuevos cambios al 102 constitucional para garantizar la verdadera autonomía de la Fiscalía General y, por tanto, de la fiscalía especial anticorrupción.

Fundamentos legales ?de la Fiscalía General

La reforma al Artículo 102, apartado A, de la Constitución, promulgada desde el 10 de febrero del 2014, mandó la creación de la Fiscalía General de la República, en sustitución de la PGR, y ordenó al procurador expedir, en un plazo de 30 días, el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y establecer sus atribuciones, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de aquel año.

Arguyendo la necesidad de armonizar el referido acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica de la PGR, vigentes desde el 19 de julio del año pasado, Raúl Cervantes Andrade, procurador general de la República, decidió modificarlo para incluir diversas facultades al fiscal anticorrupción y determinar su participación en los órganos colegiados de la institución procuradora de justicia.

De entrada, los cambios promulgados el pasado 19 de abril precisan que la citada Fiscalía es un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los delitos relacionados con hechos de corrupción, con excepción de los cometidos por servidores públicos de la PGR debido a que de esos se encargará la visitaduría general de la propia dependencia, así como que el acuerdo entrará en vigor a partir del nombramiento del fiscal anticorrupción que realice la Cámara de Senadores.

Periodo extraordinario

El coordinador del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, afirmó que su bancada está dispuesta a ir a un periodo extraordinario para designar al titular de la Fiscalía Anticorrupción, así como al fiscal general de la República.

Convocamos a las otras fuerzas políticas para que logremos definir la materia legislativa sobre estos dos fundamentales temas , enfatizó. (Con información de Notimex)