Los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobaron la Política Nacional Anticorrupción, en la cual se establecen 40 prioridades de política pública para combatir el flagelo.

En sesión ordinaria del comité, el presidente de este organismo, José Octavio López, informó que dicha política se alinea a cuatro objetivos fundamentales: el combate a la corrupción y la impunidad; combatir la arbitrariedad y el abuso del poder; promover la mejora de la función pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad; así como involucrar a la sociedad y al sector privado.

Este documento se dio tras un proceso de diálogo y colaboración con las organizaciones civiles, instituciones académicas, cámaras empresariales, organismos internacionales e instituciones públicas que establecen la agenda para todo el Estado mexicano, a la que se deberán alinear todos los esfuerzos de las instituciones federales del país en el combate a la corrupción.

La Política Nacional Anticorrupción tiene puntos de convivencia con el Programa Nacional del Combate a la Corrupción y la Impunidad, así como con las nuevas obligaciones que se establecen en el Artículo 27 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia anticorrupción.

En su intervención, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, consideró necesario tomar esa base como punto de partida.

“La corrupción sigue siendo un problema muy grave. Fue durante décadas el problema más grave del país y tenemos que estar a la altura de los desafíos históricos y del momento de transformación que nos exigen los ciudadanos mexicanos. Tenemos que avanzar con más fuerza y con más rapidez”, expresó la representante del gobierno federal en el comité.

La funcionaria federal hizo ver la necesidad de trabajar para que la política contra ese flagelo se implemente de manera efectiva y no se quede en papel.

Sistemas de control

A su vez, David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación, expuso que se debe continuar con el abatimiento de la corrupción con un sistema de control robusto que les corresponde recrear y fortalecer.

Sin embargo, destacó la necesidad de trabajar en una siguiente fase para que esta política se traduzca en acciones útiles para la sociedad.

En ese sentido, la titular de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos, consideró que es necesario trabajar en estrategias de evaluación para el cumplimiento de dicha Política.

“No debemos olvidar que es sólo el inicio. El documento que hoy se aprueba debe implantarse y confrontarse con la realidad de inmediato”, enfatizó.