La Comisión Especial contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados aseguró que la reforma en esta materia, aprobada por el Senado de la República, pretende regresar a la ley del 2007, con la cual apenas se registraron tres sentencias condenatorias por ese delito, aseveró.

Por ello, consideró que la actual Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, vigente desde el 2012, debe mantenerse.

En los años de vigencia de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, del 2012 se han sentenciado a más de 600 delincuentes y muchos más se encuentran bajo proceso. Durante la vigencia de la Ley contra la Trata de Personas del 2007, se lograron tres sentencias, dos de las cuales se cayeron , afirma un estudio encargado por la comisión que preside la diputada Julieta Fernández (PRI) al asesor en materia de trata de personas de Fundación FIND, Cuauhtémoc Ibarra.

Sin embargo, las reformas a la Ley contra la Trata de Personas, sobre la que el PRI y sus aliados en la Cámara de Diputado impidieron su aprobación, tenía el respaldo de la PGR, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En sendos oficios, las tres instituciones coinciden en calificar como positivo el tipo penal de la trata de personas aprobado por el Senado, por su apego a los tratados internacionales, y descartaron excarcelaciones en automático de actuales presos por ese delito.

Sin embargo, el estudio elaborado por Cuauhtémoc Ibarra asegura que la minuta aprobada por el Senado deja de lado los derechos humanos de víctimas actuales y potenciales, mientras que, por otro, aseguran por muchas razones que se dificulte la persecución de la trata de personas y los delitos relacionados con ella y que se libere a todos los delincuentes procesados y sentenciados con la actual ley .

El estudio reconoce que la ley vigente es perfectible como todo instrumento jurídico , aunque asegura que años después de publicada y en un contexto cambiado, sigue dando respuestas a situaciones que plantean retos y permite medir y evaluar la actuación de autoridades legislativas, administrativas y jurisdiccionales, que en muchos casos no han entendido su papel de garantes de los derechos fundamentales en las respuestas que dan a los problemas que presenta la realidad; ahora, se pretende volver a legislar para la propia ley y no para las situaciones de las personas ni para crear instrumentos eficientes para ser aplicados por sus operadores .

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