El Senado de la República aprobó el dictamen por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior que fue promulgada en el 2017 y considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el 17 de diciembre del 2017 en el Congreso de la Unión y publicada el 21 de diciembre de ese año, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La norma otorgaba al presidente de la República la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para realizar tareas permanentes en cuestiones de seguridad pública bajo la declaración de amenaza a la seguridad interior.

De acuerdo con el dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos del Senado, después de la publicación de la norma, diputados de diversos partidos promovieron una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal del país, bajo el argumento de que el Congreso no cuenta con la facultad de legislar en materia de seguridad interior, entendida como aquella en la que se preserva la estabilidad y permanencia del Estado mexicano, según se refiere en la norma derogada.

Asimismo, consideraron que la ley transgredía las facultades de los gobernadores y autoridades de las entidades de solicitar la intervención y protección de las fuerzas federales, además de asignar a un comandante de las Fuerzas Armadas para coordinar los trabajos de seguridad interior.

“La Ley de Seguridad Interior es un incentivo perverso para que las instituciones civiles de seguridad de los tres órdenes de gobierno no mejoren sus capacidades”, señala el documento.

Luego de que la SCJN discutiera las diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de la ley, las y los ministros determinaron la invalidez total de la norma y argumentaron la ausencia de algunas disposiciones como que no se planteaba un tiempo definido de la actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.