Sostenibilidad en Europa: Desafíos y Oportunidades ante la Simplificación Normativa

E l Pacto Verde Europeo, instaurado en 2019, tiene como meta transformar la UE en una sociedad justa y próspera con una economía moderna y competitiva. Desde su implementación, se han generado regulaciones enfocadas en mejorar la gestión ambiental y social en las empresas, con el objetivo de cumplir los compromisos climáticos del Acuerdo de París y salvaguardar los derechos humanos. Se ha debatido ampliamente el impacto positivo de estas medidas en la competitividad a largo plazo para las empresas.

No obstante, a medida que avanza esta agenda, se han alzado voces que critican la “sobrerregulación”. Este fenómeno se ha manifestado en los recortes a la Directiva Europea de Debida Diligencia en Sostenibilidad (CS3D) antes de su aprobación el año pasado y en la moratoria de un año sobre el Reglamento Europeo de Cadenas Libres de Deforestación (EUDR), justo antes de que comenzaran a aplicarse las primeras obligaciones de transparencia.

En su discurso sobre el estado de la Unión en noviembre de 2023, Ursula von der Leyen destacó que la sobrerregulación afecta a las pymes, sugiriendo reducir sus obligaciones de reporte. Un año después, reafirmó la necesidad de reformar las normativas para simplificarlas sin perder ambición. Las demandas de Alemania y Francia para limitar los requisitos, especialmente para las pymes, coinciden con el informe de Mario Draghi sobre el estancamiento económico en Europa.

Con esto en mente, la Comisión ha planteado la necesidad de seguir avanzando en la competitividad, enfrentando desafíos tecnológicos, climáticos y económicos. A finales de enero, se presentó la Brújula de la Competitividad, que incluye el Pacto Industrial Limpio y un plan de acción sobre energía asequible, así como un paquete de simplificación normativa centrado en la taxonomía europea, la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD) y la CS3D, junto con ajustes en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y el programa InvestEU.

Los cambios en la CSRD y la CS3D están diseñados para reducir la carga normativa sobre las pymes, limitando el número de empresas afectadas. Para la CSRD, se eleva el umbral de aplicación para las empresas de la UE a aquellas que cuenten con más de 1,000 empleados, y para las no pertenecientes a la UE, el umbral se establece en ingresos superiores a 450 millones de euros. Además, se extienden los plazos de reporte.

En cuanto a la CS3D, se retrasa la transposición de la normativa y se restringen los análisis de riesgos a proveedores directos. También se establece que la diligencia requerida será cada cinco años, en lugar de anualmente, y se eliminan ciertas obligaciones respecto a planes de transición climática y la responsabilidad civil de las empresas.

En relación con la taxonomía, la obligación de informar se aplicará únicamente a las empresas cubiertas por la CS3D, mientras que para las demás será opcional. Las actividades informadas podrán estar parcialmente alineadas con la taxonomía, y se establece un umbral de materialidad financiera para la información que simplificará la carga de reporte.

Aunque aún queda por llegar a un acuerdo final entre el Parlamento y el Consejo, no se anticipan modificaciones significativas. En definitiva, estos ajustes no reflejan una disminución del compromiso con la sostenibilidad, sino un esfuerzo por hacer más accesible la implementación de normas y reducir las cargas sobre las empresas más pequeñas, sin ser reacciones a la gestión de riesgos climáticos o de derechos humanos, en contraste con situaciones observadas en otros países como Estados Unidos.