Proceso electoral judicial

Jornada laboral de 40 horas, incremento del salario mínimo, incertidumbre comercial internacional, además de la elección de más de 880 ministros, magistrados y jueces.

Las pequeñas y medianas empresas son responsables de generar más del 50 % del PIB y más del 70 % de empleos formales del país y, sin tener injerencia directa, se ven afectados por los grandes temas nacionales.

Establecer una jornada laboral de 40 horas tendrá un impacto significativo en el segmento de las pymes toda vez que se establece un límite sin tomar en consideración las circunstancias laborales y requerimientos empresariales de este sector. Además del impacto que tendrá en grandes empresas, toda vez que no se toma en consideración los índices de productividad y el impacto en cómo se verán afectados por una reforma de esta naturaleza.

Si bien es cierto que en otros países ya se ha implementado, no se expone los avances que tuvieron precisamente en los mecanismos de productividad y de apoyo fiscal a dichas empresas que implementaron tales jornadas laborales.

Otro de los temas que está en el debate nacional es el incremento al salario mínimo, sin embargo no se toma en consideración que dicho indicador no puede establecerse por decreto, sino que obedece a una serie de factores de tipo económico que hoy en día tiene que ver con el contexto internacional, afectado por la contienda arancelaria impulsada por el vecino país del norte.

A pesar de que los pronósticos de los organismos internacionales sobre el crecimiento económico nacional no son alentadores, es inconcebible que se proponga un incremento al salario mínimo sin tomar en consideración el impacto que tendrá precisamente en las pequeñas y medianas empresas que utilizan dicho referente de pago.

Por si ello no fuera suficiente, se convoca a la sociedad (incluyendo las pymes) que se involucre en un proceso electoral inédito que tiene que ver con quienes juzgarán y resolverán sobre las controversias jurisdiccionales de todo tipo, a nivel federal y estatal.

En lugar de brindar certidumbre jurídica a quienes invierten en crear o mantener una pequeña y mediana empresa, se le convoca a participar en un proceso electoral que carece de los más elementales estándares internacionales para garantizar que los candidatos estén debidamente preparados para el cargo que van a desempeñar, puesto que en algunos casos ni siquiera se exige una temporalidad de experiencia, una evaluación que garantice los conocimientos profesionales para el cargo al que se postulan, poco o nada se ha mencionado sobre un estudio socio económico como se realiza en la designación de ciertos cargos en las empresas, en el que, en nuestro país, la preocupación sobre los vínculos que pudieran existir con organizaciones delictivas es mucho más relevante.

Ya en el proceso electoral, se ha cuestionado la credibilidad, objetividad e imparcialidad con que se condujeron los órganos colegiados participantes: desde los comités de selección, hasta la famosa tómbola, como si la suerte fuera un criterio para seleccionar a los mejores candidatos.

También está seriamente cuestionado las “campañas electorales” de los participantes, puesto que poco o nada podrá conocer el elector al momento de emitir su voto sobre los candidatos propuestos, ya que prácticamente se trata que el ciudadano investigue por su cuenta a través de los medios tecnológicos el perfil, trayectoria, trabajos y propuestas de los candidatos.

En el contexto de las principales preocupaciones de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas ¿Quiénes y cuántos están realizando dicho ejercicio de investigación en nuestro país sobre los candidatos a ministros, magistrados y jueces federales y locales?

No habrá representantes de los candidatos para vigilar el correcto proceso de elección, desde la votación hasta el conteo de los votos ¿Quiénes elegirán verdaderamente a estos servidores públicos que resolverán los conflictos a los que se enfrenta cotidianamente las pequeñas y medianas empresas?