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Opinión

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Los nuevos trámites del bienestar

Pendiente Resbaladiza

La semana pasada, Claudia Sheinbaum anunció la “creación” de la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción. En cualquier república de verdad, este anuncio no tendría por qué venir del Poder Ejecutivo, o no tendríamos que tomarlo como cierto hasta que no concluyera el proceso legislativo, pero en nuestro México, más presidencialista que nunca, las conferencias matutinas tienen casi la misma validez que el Diario Oficial de la Federación. 

El anuncio cumple con la terminología típica de la 4T. Se formula con verbos imprecisos, más políticos que jurídicos. Para empezar, las leyes no se “crean”. Se aprueban, se promulgan y se publican. Además, el propio título de la ley se plantea en un lenguaje utópico, y no técnico, como si la simple entrada en vigor de la ley asegurara la eliminación automática de la corrupción. El mismo truco de mercadotecnia política que encontramos detrás de todas las instituciones que se autodenominan del “bienestar”.

Según la presidenta, con la nueva ley se homologarán y simplificarán los trámites gubernamentales, tanto federales, como estatales y municipales, mediante la implementación de un Portal Único Ciudadano de Servicios y Trámites en línea. Debemos reconocer que, a diferencia de muchos otros proyectos de Morena, éste parece tener un origen más auténtico, o cuando menos real. Cualquiera que haya hecho un trámite en México sabrá lo difícil que es cumplir con una lista de requisitos ilógicos, repetitivos y desproporcionados que terminan por convertirse en un partido de ping pong contra la autoridad. Nuestros servidores públicos siempre encuentran un problema nuevo para cada solución que se les ofrece.

Algunos de los principios de simplificación en los que supuestamente se ha basado la nueva ley parecen prometedores. Se supone que, en adelante, la mayor carga regulatoria la deberá asumir la autoridad, que se van a eliminar los requisitos no indispensables, y se sustituirán los permisos por simples avisos, cuando sea procedente. Además, el gobierno no solicitará documentos que él mismo haya generado y no se requerirá el inicio de un nuevo trámite, cuando una prórroga de su vigencia sea suficiente.

Hasta este punto, parece que la nueva ley podría traer beneficios reales para los particulares. Sin embargo, no debemos perder de vista que la creación de una plataforma nacional con información de millones de ciudadanos también conlleva riesgos de seguridad. En la actualidad, el desarrollo tecnológico ha permitido que la asociación de apenas un par de datos personales de un individuo, facilite la comisión de delitos como el robo de identidad, o el fraude bancario.

Se sabe que muchas redes de delincuencia organizada operan a partir de la filtración o adquisición ilegal de bases de datos personales, y también se sabe que nuestro gobierno no es muy bueno protegiendo la información de sus ciudadanos.

Apenas el año pasado, el INAI investigó y corroboró la filtración ilegal de datos personales de periodistas que acudían a las conferencias matutinas de AMLO. En su momento, las autoridades argumentaron que la filtración se había dado por un ex empleado que tenía acceso a la base de datos.

La nueva ley tiene por objeto eliminar la corrupción en los trámites, pero la venta de bases de datos por parte de funcionarios públicos podría ser una forma más redituable de corrupción.

Además, no podemos olvidar que nuestro gobierno actual tiene lazos evidentes con las redes más poderosas de delincuencia organizada, y que además se enorgullece de ellos. El presidente Trump nos lo recuerda todos los días.

Si tenemos una política de “abrazos; no balazos” para los delincuentes más peligrosos, me imagino que la seguridad de las bases de datos ya es mucho pedir.

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