Ley Telecom mata ideología

La iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión enfrentó al régimen de la Cuarta Transformación, a Morena y al gobierno de Sheinbaum con una realidad distinta a la hora de aprobar una nueva ley: el autoritarismo de los cambios, las prisas legislativas, el desconocimiento de un sector y la ideología se enfrentaron con una comunidad de telecomunicaciones, tecnológica y digital preparada, técnica, con datos y con una visión clara de país digital. 

No recuerdo una iniciativa que haya despertado tanto rechazo como la Ley Telecom sin que mediaran “argumentos” o ataques ideológicos de por medio. No existe una legislación que haya hecho a la Ejecutiva Federal detenerse y llamar a un diálogo legislativo para analizar la propuesta, que reconociera el error y pidiera eliminar un artículo polémico y mal redactado, que se detuviera la aprobación fast track en el Senado (típico de Morena y sus aliados) y que incluso -invadiendo la esfera del Poder Legislativo-, un funcionario público directamente involucrado en el proceso esté proponiendo cambios al texto del dictamen.

Sí, todo eso provocó una Ley Telecom que amenaza por igual a todo el ecosistema digital: usuarios, plataformas, empresas. Porque tanto el gobierno que la propone como quienes nos oponemos a su contenido e implicaciones, no tenemos otros datos y hechos (como dijera López Obrador), sino que compartimos los mismos: 16.9% de la población no es usuaria de Internet y los sucesivos gobiernos no han logrado cerrar la brecha digital.

Cuando la ideología se topa con datos, estadísticas y un análisis técnico y especializado, no le es tan fácil a sus apologistas lograr cambios legislativos tan perniciosos como los que propone la Ley Telecom. El debate emocional incendió la discusión en redes sociales y medios y rechazó de tajo la censura y la concentración de poder en una sola entidad; pero el análisis con evidencia empírica, las mejores prácticas internacionales y el conocimiento especializado son el fundamento del debate y han hecho retroceder a los defensores de la ideología.

Por razones políticas e ideológicas la 4T logró extinguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el principio de autonomía constitucional, pero el gobierno no puede justificar y menos convencernos de que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) deba tener tantísima concentración de poder y de atribuciones de política pública, regulación y digitalización en una sola persona.

Esa persona, José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, tuvo que salir en la conferencia de prensa matutina para, sin concluir los conversatorios en el Senado ni el proceso legislativo en esa cámara, explicar y anunciar cambios a la Ley Telecom: el principal: no concentrar tantas facultades y proponer un órgano desconcentrado sectorizado a la ATDT con independencia técnica e integrado por cinco consejeros propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.

La comunidad interesada en los sectores telecom, radiodifusión, tecnológica y digital sabe que ha logrado un éxito preliminar en el rediseño institucional que debería tener la nueva ley. Partimos del hecho de que ya no tiene remedio la extinción del IFT (en ese tema ganó la política y la ideología), pero es un grito unánime la necesidad de contar con un regulador que (aunque no sea autónomo), sí sea técnicamente independiente y sus decisiones se tomen de forma colegiada y transparente.

La aplanadora legislativa de Morena y la 4T no puede contra ese clamor de contar con un regulador distinto y separado técnicamente de quien diseña las políticas públicas para las industrias telecom, radiodifusión y digital.

Pepe Merino también tuvo que explicar el rol del Estado como operador de servicios de telecomunicaciones. Ante la evidente ausencia de neutralidad competitiva en la Ley Telecom, el responsable de la ATDT aclaró que el espectro radioeléctrico para uso comercial que se le asigne al operador estatal CFE Telecom, será en igualdad de condiciones que los proveedores privados.

Hay que reconocer que el organizador y moderador de los conversatorios en torno a la Ley Telecom en el Senado, Javier Corral, ha propiciado un debate de altura, técnico, especializado y respetuoso. La simulación y la prepotencia legislativas no tienen cabida en un ecosistema digital que tiene claro que el acceso a Internet es un derecho, que las tecnologías habilitan todos los demás derechos fundamentales, que la infraestructura digital es la base del desarrollo, que la conectividad tiene múltiples beneficios, que la transformación digital es irreversible y que queremos un México conectado y digital ya.

También es un logro del ecosistema digital que el gobierno haya decidido eliminar el nefasto artículo 109 que propone bloquear temporalmente plataformas digitales, por razones fiscales y de la ley del IVA. A la 4T y al gobierno les duele que los vinculen con prácticas autoritarias y censura, pero eso es exactamente el significado de bloquear plataformas de Internet.

Permanece la intención de prohibir la propaganda extranjera pagada, pero debe eliminarse de la iniciativa la autorización previa por escrito de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos extranjeros.

A diferencia de procesos legislativos previos como la Ley Televisa (que en 2006 se aprobó en sólo 7 minutos), la legislación secundaria de 2014 que distorsionó la reforma constitucional de 2013 o la contrarreforma a los derechos de las audiencias de 2017, en la Ley Telecom de 2025 no están detrás de la reforma los poderes económicos fácticos y los grandes consorcios, operadores y televisoras, sino que la amenaza provino directamente del Estado y de la vocación centralista, concentradora y anti deliberativa del gobierno y sus aliados en el Congreso a la hora de aprobar e imponer leyes.

Por vez primera queremos, esperamos y exigimos una visión, legislación, políticas tecnológicas y regulación de Estado. Que elimine privilegios como la convergencia sólo para algunos, distorsiones como la preponderancia por sector y las discriminaciones de todo tipo (socioeconómicas, geográficas y generacionales) en el acceso a las tecnologías y la banda ancha. La iniciativa de Ley Telecom es una lección para todos: la razón apoyada en datos, el análisis técnico y la experiencia internacional son capaces de detener y hacer retroceder la ideología rampante, la descalificación al pensamiento del otro y el autoritarismo excluyente al discutir una iniciativa tan trascendente como la Ley Telecom.