La cuenta pública de 2025 y el plan de infraestructura

A la mitad de la vorágine de noticias locales e internacionales, a veces los temas más aburridos, pero importantes, como las finanzas públicas, pierden foco. Esta semana, en el informe al Congreso, la SHCP indicó cómo le terminó de ir al gobierno mexicano en términos fiscales en el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum. En las cifras hay buenas noticias, malas y otras que deberían preocuparnos a todos los mexicanos.

Como se reportó en estas páginas el martes, los Requerimientos Fiscales del Sector Público (RFSP) –la medida más amplia del déficit fiscal– cerraron en 4.8% del PIB, un punto menos que el 5.7% de 2024. Los RFSP habrían sido de 4.3% del PIB sin los apoyos extraordinarios para pagos a proveedores de Pemex, que representaron poco más de 0.4% del PIB, equivalentes a 193,000 millones de pesos.

Se logró parte de la consolidación fiscal propuesta por el gobierno, pero se quedó lejos de la meta.

Los recortes de 2025 se concentraron selectivamente en la inversión pública. El gasto total cayó 1.8% en términos reales; la inversión física, 25.7%. Los golpes más duros fueron para ciencia y tecnología (-73.9%), protección ambiental (-62.9%), transporte (-44.6%) y energía (-32.2%). En contraste, las pensiones crecieron 6.8% real, reflejando una estructura de ajuste que protegió gastos obligatorios y sacrificó inversiones productivas. Así, la reducción de 1.5 puntos porcentuales en el RFSP se logró principalmente mediante la contracción de capacidades de crecimiento futuro, no por cambios estructurales en el gasto corriente.

En el lado de los ingresos, la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico de 15.1% del PIB. El ISR fue el principal motor: creció 3.7% real, impulsado por personas morales (+4.2%) y, en menor medida, por personas físicas (3.0%). Aquí se han levantado cuestionamientos sobre las técnicas utilizadas por el SAT con grandes empresas, lo que vuelve discutible su sustentabilidad. A su vez, el IVA mostró dinamismo contenido con un avance de 2.6% real, reflejo de un consumo interno resiliente pero moderado. El IEPS creció 3.0% real, aunque limitado por estímulos fiscales a combustibles. Lo más notable fueron los impuestos al comercio exterior, que aumentaron 38.4% real, reflejando mayor vigilancia aduanera y un incremento de importaciones. En conjunto, estos aumentos permitieron que los ingresos presupuestarios crecieran 2.5% real, compensando la caída de los ingresos petroleros.

La meta de 3.9% de RFSP no se cumplió. El 4.3-4.8% es mejor que 2024, pero no revierte la trayectoria de la deuda, que alcanzó un récord de 52.6% del PIB. Este ajuste se realizó principalmente sacrificando inversión productiva e infraestructura. El crecimiento de apenas 0.7% refleja en gran medida el costo del ajuste fiscal que tuvo que hacer el gobierno frente al exceso de gasto de 2024, cuando los RFSP alcanzaron 5.7% del PIB, una cifra insostenible.

En este contexto, el anuncio de la presidenta de un programa de infraestructura de 5.6 billones de pesos en su sexenio podría parecer una buena noticia. Pero antes de tirar las campanas al vuelo, habrá que ver si existen las condiciones para un plan así. Habrá que entender si los proyectos –más allá de los energéticos– son realmente viables y no elefantes blancos como los del sexenio pasado. Y, más importante aún, si sí existen condiciones reales y apetito del sector privado que contempla el plan. A riesgo de ser repetitivo, regresamos al problema de la incertidumbre y desconfianza creadas por la reforma judicial.