Piden a gobierno rechazar reactivación de Quédate en México

Un total de 43 organizaciones de la sociedad civil y 20 personas defensoras de los derechos humanos de la población en movilidad pidieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no aceptar o colaborar con el Gobierno de Estados Unidos en una nueva implementación del programa “Quédate en México” o Migrant Protection Protocols (MPP, por su sigla en inglés).

Con el fin de salvaguardar la seguridad, dignidad y los derechos humanos, cita la carta dirigida a la mandataria mexicana, “le exhortamos a rechazar de manera categórica cualquier reimplementación del programa MPP y a observar estrictamente lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 302/2020”.

“El Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. La reimplementación del MPP podría resultar incompatible con estos compromisos y con una política migratoria basada en el humanismo, los derechos humanos y un enfoque interseccional. Reiteramos nuestra disposición a contribuir de manera constructiva a un diálogo bilateral con Estados Unidos que garantice la protección efectiva de las personas en contextos de movilidad”, precisa.

En su escrito, dirigido también a Juan Ramón de la Fuente y Sergio Salomón Céspedes, secretario de Relaciones Exteriores y comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), respectivamente, advierten “que el MPP constituye una política de externalización del control migratorio y de coerción por parte del gobierno de Estados Unidos, al transferir responsabilidades internacionales de protección a un país que no ha garantizado condiciones adecuadas de seguridad, protección ni acceso a derechos para las personas devueltas”.

Quienes suscriben la carta consideran que es “fundamental subrayar que la implementación del MPP requiere necesariamente del consentimiento y la coordinación del gobierno de México’’, y recuerdan que la Corte, “al resolver el Amparo en Revisión 302/2020, reconoció la responsabilidad de las autoridades mexicanas por no haber establecido protocolos ni lineamientos para la recepción de personas retornadas desde Estados Unidos bajo una política migratoria con perspectiva de género, de infancia y de discapacidad”.