¿Y si Paulette hubiera traído un chip antisecuestro?

Hace un par de años, en México se habló de que para el año 2010, los chips antisecuestro serían de uso obligatorio en niños y ancianos, y claro, en todo aquél que quisiera sentirse protegido. Desde el lunes, y desde que todos los medios se han encargado de hacerme sentir que la historia de la niña Paulette es la preocupación más importante que tiene el país, me hecho esta pregunta: ¿si se hubiera cumplido esta promesa, la habrían encontrado con vida?

Me remonto al 2004, cuando el cantante Vicente Fernández anunció a todos los medios de comunicación, que él y toda su familia los usarían como medida antisecuestro, tras sufrir un plagio. Meses más tarde, el entonces secretario de Seguridad Pública y Servicios a la Justicia, Rafael Macedo de la Concha, aseguró traer uno bajo su piel, así como 160 empleados de su equipo de trabajo, también como medio de protección y como acceso exclusivo a una base de datos sobre delincuencia.

El tema se puso de moda. Para el 2005, los encabezados de muchos medios aseguraron que cada vez eran más los mexicanos que se implantaban uno. Y también, de pronto, el tema se enfrío. Hasta donde pude rastrear, este mercado sigue fuerte en Inglaterra y algunas regiones de Estados Unidos, pero al parecer, en México ya nos olvidamos de estos chips (o por lo menos, ya salieron de la esfera pública).

Quizás ha oído hablar de ellos. Son pequeños circuitos electrónicos, similares a la pila de un reloj de pulso, del tamaño de un grano de arroz (12 milímetros de largo y 21. de diámetro), que se insertan en la piel mediante una inyección indolora, por lo general en la parte superior del brazo.

Como todo chip, su función es almacenar información, que se lee pasando un escáner especial cerca de donde esté implantado, ya sea de forma manual o remota, con transmisión de radiofrecuencia, GPS o señales de telefonía celular. Sus bondades residen en que son capaces de actuar de forma inteligente: avisar, a petición del usuario --o sin su voluntad, de acuerdo a como sea programado-- que hay una alerta.

En su primera etapa de comercialización se utilizaron en mascotas, y después, para la protección de personas de alto riesgo (mujeres maltratadas, enfermos, niños, deportistas, etcétera).

En el 2004, en México, su precio era elevado: alrededor de 1,000 dólares por el chip y el pago de mensualidades de entre 200 y 300 dólares, por el monitoreo constante, por lo que parecía que sólo artistas de cine y televisión, políticos, millonarios y criminales de alta seguridad podrían tener acceso a ellos.

Se dijo entonces que se buscaría que por ley –de ésas que se congelan y nunca llegan al Senado todos los niños y ancianos fueran vacunados con un chip de éstos.

Una persona del Senado me comentó que nunca se encontraron argumentos para hacer valer esta idea: sería muy caro monitorear a todos los mexicanos con chip (como un servicio gratuito o público), se atentaría con los derechos humanos de quienes los usaran, y quizás, los delincuentes ya hubieran encontrado la forma de inhabilitarlos (o mutilarían el brazo en donde se localizara).

Cuando vino la oleada de secuestros, como el caso de la hija de Martí, el tema no se insinuó siquiera. Sigo preguntándome por qué. ¿Fue una cuestión de presión? ¿El gobierno frenó su desarrollo? ¿O simplemente pasaron de moda?

Aunque no fueran efectivos contra los criminales, estos chips sí tienen gran potencial y quizás debería de volver a incentivarse su uso: pueden ser utilizados en pacientes enfermos, como sistemas de pago, de registro o identificación y para rastrear casos como los de Paulette y sus padres.

¿Volverá el tema a la agenda pública con esta historia?