NUEVA YORK– Histórico, global, revolucionario: estos han sido los términos utilizados para celebrar el reciente acuerdo de los ministros de finanzas del G7 sobre una tasa impositiva efectiva mínima global de “al menos” el 15% para las grandes empresas multinacionales. Los ministros también acordaron una nueva fórmula para distribuir una parte de los ingresos tributarios pagados por estas empresas entre los países.

Pero cualquier acuerdo fiscal global que eventualmente se apruebe debería reflejar los intereses del mundo, incluidos los países en desarrollo, y no solo los de las siete grandes economías desarrolladas.

El mundo en desarrollo depende en mayor medida de los impuestos tributarios a las empresas y, por lo tanto, se ha visto más afectado por la evasión fiscal de las multinacionales, que ha generado pérdidas de ingresos para estos países de al menos 240,000 millones de dólares cada año.

Muchas economías en desarrollo, y particularmente países de bajos ingresos, ni siquiera están participando en las negociaciones más amplias sobre impuestos corporativos que tienen lugar en el Marco Inclusivo de la OCDE/G20.

Los participantes han estado representados por el Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro (G24) y el Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF), que coordinan las posiciones de los miembros activos en las negociaciones. Algunos miembros del G24, incluidos Argentina, Brasil, India, México y Sudáfrica, también están en el G20.

La primera preocupación con respecto al acuerdo del G7 es que la tasa impositiva mínima propuesta del 15% es baja, cercana a la de los paraísos fiscales como Suiza e Irlanda. Esto refleja la preferencia de varios países del G7 por proteger a sus multinacionales en vez de seguir el ejemplo de la administración del presidente estadounidense Joe Biden, quien inicialmente había propuesto una tasa mínima global del 21%.

Más aún, según la propuesta actual, la mayoría de los ingresos tributarios adicionales se destinarían a los países de origen de las multinacionales, no a aquellos donde estas empresas realizan sus actividades y generan beneficios.

Como era de esperarse, los miembros del G24 quieren que estos últimos tengan prioridad en la aplicación del impuesto mínimo, en particular con respecto al pago de servicios y ganancias de capital, con el fin de proteger sus bases impositivas. Dar prioridad a los países de origen de las corporaciones globales reforzará, en lugar de aliviar, la injusticia ya incorporada en el actual sistema tributario internacional.

La cantidad de ingresos que genere el impuesto mínimo dependerá de la tasa que se adopte. Un estudio reciente del Observatorio Fiscal de la Unión Europea estima que una tasa mínima del 21% generaría 100,000 millones de euros (122,000 millones de dólares) adicionales de recaudación por impuestos a las sociedades en el 2021 para los 27 países integrantes de la Unión Europea, mientras que un impuesto del 15% generaría la mitad de esa suma. La diferencia es aún mayor para los países en desarrollo.

Con una tasa impositiva del 15%, Sudáfrica y Brasil podrían ingresar 600 y 900 millones de euros adicionales por recaudación, respectivamente, en comparación con 2,000 y 3,400 millones de euros con una tasa del 21 por ciento.

Como la mayoría de los países africanos tienen tasas de impuestos corporativos del 25 al 35%, una tasa global de alrededor del 15% es simplemente demasiado baja y, por lo tanto, es poco probable que conduzca a una reducción significativa en la transferencia de ganancias desde la región hacia donde los lugares donde las tasas son más bajas.

Los países del G7 y del G20 deben demostrar su liderazgo mundial comprometiéndose unilateralmente a introducir una tasa impositiva mínima mucho más alta a la que inicialmente se acordó. Esta debería ser al menos del 21%, como propuso Estados Unidos, o, mejor aún, del 25 por ciento.

La segunda parte del acuerdo del G7 introduce una fórmula para distribuir los beneficios globales de las empresas multinacionales con propósitos fiscales. Pero la propuesta se aplicaría solo a las empresas más grandes con márgenes de beneficio mundiales superiores al 10%. Además, solo un 20% del llamado beneficio “residual” que supere este umbral estaría sujeto a impuestos en los países donde se generan las ganancias. Las ganancias “rutinarias” de la multinacional solo tributarían en sus países de origen.

Aunque esta nueva regla afectaría a gigantes tecnológicos estadounidenses como Apple, Facebook y Google, puede terminar aplicándose solo a una pequeña fracción de las ganancias globales de aproximadamente solo 100 de las multinacionales más grandes del mundo. Esto significa que la medida generará pocos ingresos adicionales, quizás menos de 10,000 millones de dólares por año a nivel mundial.

El G24 ha exigido una mayor reasignación de los beneficios globales, de entre 30% y el 50% para las empresas más rentables. Asimismo, ATAF ha pedido que las reglas se apliquen a todas las multinacionales con ingresos anuales superiores a 250 millones de euros, mucho más bajo que el umbral propuesto por el G7 de 10,000 millones de dólares. Ha argumentado igualmente que todas las ganancias globales debería ser distribuidas entre los países en donde operan estas empresas y no solo las residuales.

De hecho, no es posible distinguir conceptualmente entre las ganancias “rutinarias” y “residuales” de una multinacional, ya que todas las ganancias son esencialmente el resultado de sus actividades globales. Una solución más sencilla sería distribuir los beneficios globales entre los países sobre una base de fórmulas, de acuerdo con los factores clave que generan beneficios: el empleo, las ventas y los activos.

Esta regla ayudaría a establecer un campo de juego más nivelado, reduciría las distorsiones, limitaría las oportunidades de elusión fiscal y brindaría certeza tributaria a las multinacionales y a los inversionistas. En cambio, la distinción propuesta por el G7 entre beneficios rutinarios y residuales refleja un acuerdo político para evitar una reasignación tributaria de gran alcance.

Las negociaciones fiscales globales parecen reproducir las discusiones en curso sobre la vacuna Covid-19 en la Organización Mundial del Comercio, donde líderes de la Unión Europea están bloqueando la excepción temporal a los derechos de propiedad intelectual exigidos por los países en desarrollo y apoyados por Estados Unidos. En ambos casos, el liderazgo mundial requiere ir más allá de los intereses nacionales para garantizar que todos los países tengan recursos suficientes para desarrollar economías más equitativas y resilientes después de la pandemia. Esto requiere abordar las demandas del mundo en desarrollo de una manera que sea, no solo histórica, sino también justa.

*José Antonio Ocampo, exministro de Finanzas de Colombia y subsecretario general de la ONU, es profesor en Colombia y presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. Es autor de Resetting the International Monetary (Non) System y coautor (con Luis Bértola) de The Economic Development of Latin America since Independence. Y Tommaso Faccio es jefe del secretariado de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.