México es considerado uno de los países más violentos del mundo. Las abominaciones que día tras día aquí se cometen trascienden a la opinión pública internacional. Frente a esta situación debemos asumir que tenemos mucha tarea por realizar para lograr la recomposición social que anhelamos.

La delincuencia y el crimen organizado son una enfermedad invasiva y mortal que lastima nuestra sociedad y se adereza con omisiones graves que, en contra de todo sentido común, cometen nuestros gobernantes, amparados en las deficiencias del marco jurídico.

Guanajuato, estado relativamente seguro de antaño, se ha convertido en foco rojo. El fenómeno inició hace algunos años, cuando la población comenzó a quejarse de la inseguridad creciente en sus ciudades.

El viernes pasado un comando acribilló a seis policías municipales en Salamanca. Un portal de noticias ibérico difundió la noticia externando sorpresa a causa de que los policías abatidos estuviesen desarmados y sin chalecos antibalas. Doble crimen, uno perpetrado por los asesinos; el otro, por los responsables de enviarlos a cumplir su deber sin el equipamiento básico para proteger a la ciudadanía.

Lo anterior sugiere pensar que toda la responsabilidad corresponde al alcalde con licencia de dicha ciudad, Antonio Arredondo Muñoz, quien además ¡busca la reelección! Sin embargo, al revisar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, dentro de los derechos que se concede a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en el artículo 43, no se aprecia que deban ser dotados de armamento. ¿Cómo responsabilizar penal o administrativamente a las autoridades indolentes? Si actúan al cobijo de estas graves lagunas de la ley.

Situación semejante se observa con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo título de obligaciones y sanciones para los integrantes de las instituciones de seguridad pública no expresa la obligación de otorgarles armas. ¡Estas omisiones legislativas deben resolverse! ¡Debe ser obligatorio que todos y cada uno de los encargados de imponer el orden salgan a la calle a cumplir su deber con el equipamiento que requieren!

Algunos ordenamientos de otras entidades establecen la obligación de proporcionar gratuitamente uniformes, armamento y equipo a los policías; tal es el caso de la Ley de Seguridad del Estado de México, que así lo dispone en el artículo 100, fracción V. Esto es muestra de que se puede y se debe normar dicha obligación, a fin de sancionar a los servidores públicos que no cumplan con lo dispuesto.

No obstante, en su reciente visita a León, el candidato Ricardo Anaya acusó al gobierno federal de abandonar Guanajuato, politizando el tema y repartiendo culpas una vez más.

No debemos olvidar que la Secretaría de Gobernación a lo largo de este sexenio promovió reiteradamente la coordinación entre los tres órdenes de gobierno a través de las reuniones de gabinetes regionales. Si bien es cierto que los resultados no fueron los esperados, la responsabilidad es de todas las autoridades en conjunto y no solamente de la Federación.

Es necesario que el candidato Anaya deje de buscar responsables de las graves omisiones que reiteradamente cometen sus correligionarios en el poder. Es tiempo que cada quien, con responsabilidad, asuma sus culpas y trabaje redoblando esfuerzos.

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.