El tema general del debate presidencial del domingo pasado fue política y gobierno. El subtema abordado durante el primer bloque versó sobre seguridad pública y violencia. El tiempo fue corto para que los candidatos expusieran a detalle sus propuestas para resolver este problema, pero aun así, de lo que pudieron explicar, poco parece rescatable.

A lo largo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han realizado ejercicios de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos locales, con la intención de abatir los índices de criminalidad. Si bien se obtuvieron cifras favorables respecto de algunos delitos, esto no se reflejó en la percepción ciudadana, que es la que fundamentalmente cuenta. El gobierno federal invirtió esfuerzos y recursos; sin embargo, no se alcanzaron las metas originalmente proyectadas.

Al inicio del sexenio se consideró implementar el mando único como una alternativa para dar solución a la problemática y se trabajó arduamente en ello. No obstante, en las entidades federativas en que el modelo se puso en marcha, no se registró mayor eficacia por parte de los cuerpos policiacos.

La Marina, el Ejército y la Policía Federal han hecho su labor en defensa y protección de los mexicanos. Estas instituciones cuentan con los mayores porcentajes de reconocimiento y confianza ciudadana, pero no pueden llevar a cabo la tarea solos.

Lo anterior hace evidente que el gobierno federal ha realizado su esfuerzo en materia de seguridad, pero algunos gobiernos locales se quedaron rezagados. O peor aún, que existen corporaciones que trabajan para el enemigo. Muestra de ello es el indignante y vergonzoso caso de los tres italianos desaparecidos en Jalisco, el pasado 31 de enero, en el cual se descubrió que policías municipales de Tecalitlán los entregaron a un grupo del crimen organizado. ¡De este tamaño es el problema y la irresponsabilidad! Lamentablemente, sucesos parecidos se replican en todo el territorio nacional.

Hay mucho por hacer y la coordinación es un factor imprescindible, pero las instituciones de procuración y administración de justicia también deben involucrarse con seriedad. Los policías permanentemente se quejan de que detienen delincuentes peligrosos, los ponen a disposición del ministerio público y después están libres; entonces se quedan con la percepción de que arriesgaron su vida infructuosamente. Este circulo vicioso coarta la esperanza de avanzar.

Va a cumplirse una década del célebre “si no pueden, renuncien” que expresó don Alejandro Martí. A partir de entonces han desfilado políticos que poco o nada han podido hacer para resolver los problemas de seguridad en sus estados y municipios, lo que exhibe la urgencia de un sistema ciudadanizado, capaz de inducir a que todos los órdenes de gobierno cumplan con sus funciones en esta materia; que mida, exija y sancione.

La soberanía de los estados y la autonomía de los municipios son conceptos valiosos en un federalismo, efectivamente, pero sobre ellos existe el interés supremo del pueblo. Los mexicanos precisamos resultados. Cuando una corporación policiaca alcanza los niveles de corrupción que hemos comentado, resulta imprescindible que los gobernantes asuman, cuando menos, su responsabilidad administrativa.

Es tiempo de que quienes aspiren a gobernar sean conscientes de que deben dar resultados. Si saben que no pueden, mejor que no se apunten.

Nuestros vecinos del norte eligen democráticamente a sus jefes de policía locales, sheriffs, con posibilidad de reelección sucesiva. Esto permite que los responsables de la seguridad en sus comunidades sean personas en quienes la ciudadanía deposita directamente su confianza. Los mexicanos generalmente ignoramos quién nos protege.

@Ernesto_Millan

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento