A un mes y días del lamentable suceso ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, dijo que su gabinete de seguridad no tiene ningún informe de posibles irregularidades, omisiones o errores sobre este tema, que no hubo una investigación sobre negligencia o desatención. Tales afirmaciones dejan constancia del desdén con el que se atiende, desde la Federación, la tragedia más grave ocurrida durante esta administración.

Es incuestionable que la ineptitud gubernamental provocó aquel accidente que cobró la vida de más de 130 personas. Sin embargo, para el primer mandatario no existen responsables y, por ello, a pesar de que hay muchos culpables a la vista, no se ha acusado a nadie, pero las leyes dejan constancia de que se está construyendo un entramado de impunidad. Veamos:

La Ley de Protección Civil para el estado de Hidalgo tiene por objeto proteger y preservar los bienes fundamentales de las personas, como, por ejemplo, la vida humana, la salud y la familia. Por otra parte, el artículo 21 de esa misma ley establece que el Sistema Municipal de Protección Civil debe ser el primer nivel de respuesta ante algún agente perturbador que ponga en riesgo a la población. En virtud de estos mandatos, resulta sencillo señalar responsables, pues como vemos, correspondía al alcalde de Tlahuelilpan y al jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil ejecutar todas las acciones pertinentes para proteger a la población. Ambos personajes tienen mucho que explicar.

Se sabe que aproximadamente a las 14:30 horas, del pasado 18 de enero, los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron conocimiento de la existencia de la fuga. Los múltiples videos que circulan en las redes sociales muestran que el combustible salía a gran presión del ducto. No hacía falta mucho sentido común para comprender que el riesgo de una explosión era inminente.

Se desconoce si los soldados informaron a su base militar sobre lo que estaba sucediendo en aquella toma clandestina, pero podemos suponer que así fue, pues ellos tienen una férrea disciplina y siempre cumplen con su deber. En este caso, seguramente estaban conscientes de que era urgente dar intervención a las autoridades civiles competentes.

Además, Tlahuelilpan no es un municipio muy grande, seguramente el presidente municipal se enteró a tiempo de lo que estaba sucediendo y debió enviar de inmediato a la Policía municipal y a los integrantes de la Unidad de Protección Civil a su cargo, para acordonar la zona con la finalidad de garantizar la seguridad de la gente. ¡Ese era su deber! También debió haber enviado a los bomberos, pero ellos sólo aparecieron en el sitio después de la explosión.

De ese tamaño fue la negligencia del alcalde

La autoridad municipal también tenía el deber de informar al gobierno del estado de Hidalgo lo que estaba sucediendo y, con la finalidad de contener el riesgo, solicitarle apoyo. Se debió haber solicitado a Pemex la presencia del grupo de control de fugas.

Es evidente que el gobierno de Tlahuelilpan incurrió en graves omisiones y permitió que, a poco más de una hora de haberse detectado la fuga, cientos de personas comenzaran a aglutinarse para robar el combustible. Sí, es verdad, es reprobable la falta de honestidad con la que actuaron decenas de habitantes de aquella zona, pero el costo no debió ser su vida. Ese precio lo pagaron por la ineptitud de las autoridades.

El escrutinio de otras leyes permitiría seguir señalando culpables dentro de los tres niveles de gobierno, pero el primer mandatario no quiere verlos. De entrada, Juan Pedro Cruz Frías, presidente municipal de Tlahuelilpan, es presunto responsable de la tragedia. El hecho de que sea militante de Morena no implica que tenga un salvoconducto a la impunidad, ¿o sí, señor presidente?.

@Ernesto_Millan

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.