¿Qué significa que sí firmaron pero no se adhirieron al Insabi?

El punto crucial para los gobernadores panistas que no se adhirieron a las condiciones para ser parte del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, era que no querían perder el control de sus sistemas locales de salud pero sí querían contar con los recursos necesarios para operarlos.

Presentaron su propuesta que en principio no era bien vista por el Gobierno federal porque éste, a su vez, quería el control de todo, de recursos y operación de los sistemas de salud en toda la República.

Tras semanas de forcejeos, el viernes pasado estuvieron horas en negociación y al final Juan Ferrer, el titular del Insabi, accedió a que los nueve estados gobernados por el Partido Acción Nacional sigan haciéndose cargo de operar la infraestructura local para atender la salud de sus habitantes. A cambio, sí firmaron un acuerdo donde asumen el compromiso de sumarse a los objetivos del Insabi porque en ese aspecto no hay conflicto. Por el contrario, hay coincidencia: gratuidad al momento de recibir el servicio, ahora con los calificativos de gradual y de calidad.

A diferencia del Seguro Popular que como brazo financiero, tenía la responsabilidad de administrar los recursos para salud e irlos entregando a los estados, ahora el Insabi tendrá el control de los recursos pero además el control de la operación. El Gobierno federal será el que aporte el dinero (financie), pero también el que organice, opere y supervise su ejercicio. Realmente esto es contrario a la tendencia mundial de separar la parte del financiamiento justo para evitar la discrecionalidad y el uso político de los recursos para la salud de la población.

Las 23 entidades que sí firmaron el famoso “acuerdo de adhesión” aceptaron regresarle dichos recursos del FASSA para que el Insabi se haga cargo de ejercerlos. Entonces: en esos 23 estados es donde se concretará el regreso a la centralización de la salud.

En cambio, los 9 estados panistas (agrupados en el llamado GOAN) firmaron un acuerdo donde aceptan sumarse a los objetivos pero no perder el control de la operación. Ello les permitirá recibir los recursos del ramo 12 dirigidos para el sector salud y también ser incluidos en el reparto de los 40,000 millones de pesos sustraídos del fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que se espera sigan dirigiéndose al tercer nivel o alta especialidad.

Otro aspecto que lograron los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas -reunidos en el GOAN- es que seguirán recibiendo y ejerciendo el presupuesto del ramo 33 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

El argumento de GOAN era que el Modelo de Salud para el Bienestar ya se aplica en todos los gobiernos del PAN, sólo que se llama Modelo Único de Atención. Entonces en eso no hubo conflicto. Aceptaron aplicar el modelo del Insabi en toda la red de servicios, que es más que nada el esquema que indica la ruta que recorre un paciente desde su comunidad para pasar al segundo nivel y/o poder llegar a un hospital de alta especialidad.

Es claro que fue fuerte la presión para que los 32 estados se adhirieran al Insabi. En los hechos los estaban condicionando. Pero los mandatarios panistas estuvieron bien asesorados -el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, por ejemplo, es de los más preparados y tiene muchos años de experiencia en salud pública- y con más conocimiento pudieron hacer una contrapropuesta aterrizada y razonable.

La estrategia fue inteligente y todo parece indicar que salió un buen acuerdo. Los gobernadores panistas evitaron perder el control de sus sistemas estatales de salud, en tanto que Juan Ferrer, como titular del Insabi, logró que aceptaran los objetivos de sumarse al modelo referido como progresivo, gratuito y de calidad.

maribel.coronel@eleconomista.mx

Twitter: @MaribelRCoronel