El pasado miércoles 9 de diciembre, se anunció en la conferencia matutina de Palacio Nacional que las autoridades y los sectores obrero y privado habían llegado a un acuerdo en materia de subcontratación. En el documento dado a conocer, se pactó diferir la discusión legislativa en materia de outsourcing para febrero de 2021, ligar las resoluciones de la tercerización con ajustes al sistema de reparto de utilidades y, sobre todo, se anticipa que se habrá de seguir con la prohibición de la subcontratación, pues la iniciativa se señalará como preferente y continuará en el marco presentado por el Ejecutivo Federal.

En primer término, hay que aclarar que no todo el sector privado suscribió el llamado equivocadamente “acuerdo tripartito”. Debe mencionarse que COPARMEX, CANACINTRA y el Consejo Nacional Agropecuario rechazaron mediante un comunicado público la amenaza contra la subcontratación, manifestaron que ello supondría un daño a la competitividad del país (a empresas de todos los tamaños y trabajadores), y expresaron que esto conllevaría un embate contra la libertad de contratantes y empleados. Asimismo, reafirmaron la necesidad de acabar con los comportamientos indebidos (en los que algunos pocos han incurrido) mediante la supervisión por parte de las autoridades.

Su diagnóstico y sus argumentos coinciden con los que TallentiaMX ha venido exponiendo desde su lanzamiento. El outsourcing es una actividad legal, que permite crear millones de empleos formales, atrae la inversión, fortalece cadenas productivas internacionales, ofrece un apoyo a empresas de todos los tamaños y se utiliza en todos los sectores económicos de México. Para combatir los abusos bastaría con incrementar la vigilancia e instrumentar la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación.

Sin embargo, en este contexto, acaso el síntoma más preocupante es que la  prohibición del outsourcing está enfrentando los intereses de México con los de Estados Unidos, su principal socio comercial, a pocos meses de haber entrado en vigor el T-MEC, un tratado que buscaba tanto estrechar los lazos económicos y comerciales de América del Norte como homogeneizar las condiciones laborales de la región. Se está destruyendo lo que costó tanto trabajo construir.

La semana pasada, los representantes de los dos partidos del gobierno estadounidense, el demócrata Gricha Raether y el republicano Larry Rubin, advirtieron de los peligros que supone terminar con el outsourcing. Señalaron que, en un caso extremo, transgerdir los derechos de empresas extranjeras en México atentaría contra el T-MEC, lo cual obligaría a la intervención de países terceros, y esto ahuyentaría capitales y se traduciría en una enorme pérdida de puestos de trabajo.

El 9 de diciembre, The American Society of Mexico (AMSOC) realizó un evento y lanzó un comunicado acerca de los riesgos de la implementación de la reforma en materia de subcontratación. La AMSOC señaló que la normatividad vigente es suficiente para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales en cualquier tipo de contratación, de tal suerte que sólo falta “fortalecer y coordinar los mecanismos de inspección”.

Por otra parte, enfatizó que la subcontratación es indispensable para que empresas extranjeras puedan establecerse en México, y que su prohibición vendría acompañada de una enorme pérdida de empleos, así como de conflictos de mayor envergadura entre las relaciones productivas de nuestro país y América del Norte. La tercerización es un modelo necesario en el mundo globalizado donde vivimos actualmente.

Por si los argumentos expuestos no fueran suficientemente contundentes, en TallentiaMX estamos obligados a recordar que este 2020 habrá de cerrar con una pérdida de más de 800 mil empleos formales y una caída del PIB de alrededor del 10%.  Se trata de un verdadero cataclismo económico y laboral.

Así, prohibir la subcontratación de personal supone obstinación e imprudencia. Lo primero, ya que no es necesario. Basta con vigilar y transparentar a la industria para resolver problemas como el subregistro de trabajadores ante el Seguro Social, la facturación falsa y la evasión fiscal. Lo segundo, ya que atenta contra los intereses y el bienestar de México: destruye cadenas productivas, nos enfrenta contra nuestros socios comerciales, genera pérdida de empleos...

Hacemos un llamado a que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo busquen una solución a dichos problemas. No prohibamos la subcontratación. Dialoguemos y regulemos.

El autor es director general de TallentiaMX.