El gobierno entrante plantea un programa para la frontera norte. Mediante una carta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al presidente Donald J. Trump, se dio a conocer —en términos sumamente generales—, los siguientes beneficios propuestos para la franja fronteriza:

  • Crear una zona libre. “Bajarán” la aduana al kilómetro 30, para importar sin aranceles todo tipo de bienes.
  • Disminuir el ISR del actual 35% a personas físicas y 30% a personas morales, a un máximo de 20 por ciento.
  • Disminuir el IVA del actual 16% en donde procede, a una tasa máxima igual al impuesto a las ventas, vigente en la ciudad hermana de cada ciudad fronteriza.
  • Duplicar el salario mínimo a pagarse.
  • Generar inversión pública para impulsar el desarrollo de la zona.

En este contexto, y de acuerdo con el análisis realizado por el IMEF con el fin de aportar ideas que ayuden a impulsar un programa fronterizo eficiente y eficaz, creemos que este plan requiere aún mayor precisión, tomando en cuenta riesgos y probables distorsiones.

Otro aspecto por considerar, y que es completamente válido, es el cuestionamiento de las entidades no fronterizas sobre las causales de un tratamiento especial para las regiones que sí lo son. En palabras del presidente electo, se justifica crear una última cortina de contención de migración mexicana a Estados Unidos, lo cual es una forma muy interesante de “vender” el programa, no sólo al propio Donald J. Trump sino a todo México, pero es menester acotar algunos aspectos.

Sin duda alguna, es bienvenida cualquier disminución en los gravámenes que un agente económico debe pagar, así como también el incremento salarial expuesto, presuntamente por presiones en la escala de menores ingresos. Por ejemplo, según el IMSS, sólo 67 personas ganan un salario mínimo y hasta 118,000 personas ganan de uno a dos salarios mínimos, en Ciudad Juárez.

En la Agenda IMEF 2019-2024 se exponen algunos puntos similares (subtema 1-2, objetivo 1: reforma fiscal que estimule la inversión, crecimiento y competitividad), pero el programa en cuestión sólo es para la frontera norte y por ello es fundamental medir los impactos y riesgos inherentes para garantizar la viabilidad y presunta benevolencia de esta política pública.

Un tema relevante es que una zona libre pudiera implicar la creación de una zona tan especial que, si bien arroje beneficios en importar bienes a la frontera, las ahora “exportaciones” de la frontera al interior del país —no sólo por los impuestos a la importación a pagar, sino por la complejidad regulatoria para lograrlo—, inhiba relaciones comerciales dentro del propio país.

En este contexto, para el IMEF es fundamental promover ampliamente la competencia, so pena de correr el riesgo de que se generen prácticas monopólicas inhibidoras del crecimiento económico.

Por otro lado, en teoría todo crecimiento conlleva inflación en cierta medida; en una zona influenciada por el tipo de cambio y su hoy amplia volatilidad, este tipo de programas mal regulados podría terminar en un mal resultado. Tanto la competencia deseable citada anteriormente como el desarrollo de prácticas de mayor productividad y competitividad empresarial (ejemplo: gobierno corporativo, responsabilidad social empresarial enfocado a seguridad social, etcétera) serían las herramientas precisas para contener alzas de precios no previstas.

Otro aspecto es el tema fiscal, pues con la Ley de Coordinación Fiscal, la mayoría de los recursos tributarios son cobrados por el gobierno federal y, si éstos bajaran, la pregunta directa es si las aportaciones gubernamentales a los estados y municipios fronterizos sufrirían consecuencias.

También es importante verificar reglas respecto a la domiciliación fiscal, pues resultará atractivo residir en la frontera y contabilizar impuestos más bajos. Probablemente se fijen reglas para evitar evasión fiscal, pero estas reglas no deben inhibir a la inversión o al menos no encarecer las actividades económicas, como en el caso de las maquiladoras y la certificación IVA-IEPS.

Ante lo descrito, es crucial brindar certeza que sustente el programa fronterizo y claridad de su temporalidad aplicable. No medir su impacto y potenciales riesgos y fincar normas que generen tratos desiguales eternos no es la mejor forma de ejecutar acciones públicas para el desarrollo económico integral del país.

Con reglas claras, riesgos medidos y prevenibles, y en su caso certeza de plazo de aplicación, se brindarán oportunidades de desarrollo para la región, elevando su fortaleza económica y brindando espacio para que todo ello apuntale a un escenario de desarrollo sostenido, incluso cuando, en el futuro, el programa tenga que ser eliminado.

alejandro.sandoval@solonegocios.mx