Como director general de TallentiaMX, una asociación mexicana de subcontratación profesional, siempre estaré a favor de erradicar las malas prácticas laborales y fiscales dentro y fuera de la tercerización. Las empresas responsables de outsourcing son las primeras víctimas de los abusos, puesto que es imposible competir contra los precios y los “beneficios” de quienes hacen ofertas ilegales y desleales.

Tenemos que acabar con la evasión fiscal, el subregistro de los trabajadores, la facturación falsa y con cualquier actividad que perjudique la hacienda pública y los derechos de las personas. Sin embargo, esto no significa eliminar por completo el outsourcing.

La tercerización profesional equivale a trabajos formales y productivos. Según estimaciones de TallentiaMX elaboradas a partir de datos del Inegi y del IMSS, casi 7 millones de mexicanos laboran bajo algún esquema de subcontratación, lo que equivale al 34.4% del empleo formal registrado ante el Seguro Social.

En los últimos 15 años, el crecimiento promedio anual del personal subcontratado fue de 8.1%, mientras que el del empleo formal afiliado al IMSS fue de 3.3 por ciento. Por si fuera poco, según un estudio del Colmex, en los subsectores de alta tercerización, se ha reducido la informalidad del 33% al 22 por ciento. Debe señalarse, además, que las cifras indican que la subcontratación está vinculada con altos índices de productividad y con buenos salarios. Así, a nivel nacional, los pagos promedio por persona subcontratada son de 4.3 salarios mínimos generales diarios al año, un salario mínimo más de los que registra en promedio el IMSS.

Por esta razón, los resultados de prohibir de golpe todo tipo de outsourcing serían catastróficos: cierre masivo de empresas, desempleo y aumento de la informalidad a gran escala (con la consecuente precarización, incremento de la pobreza y la total falta de acceso a los derechos sociales), máxime ahora en que la pandemia ha destruido el mercado laboral nacional. Además, se desincentivaría la inversión y se destruirían cadenas productivas de todos los sectores económicos que actualmente dependen de la tercerización responsable y que son fundamentales para el pleno aprovechamiento del T-MEC, que entró en vigor el pasado 1 de julio. Se aduce que uno de los principales síntomas de los comportamientos ilegales dentro de la subcontratación es la pérdida de empleos en los meses de diciembre y enero. Al respecto, vale la pena hacer algunas precisiones:

En primera instancia, la estacionalidad del empleo formal es un fenómeno histórico que ocurre, por lo menos, desde 1998, tanto dentro como fuera de la tercerización. En general, debido a la demanda de bienes y servicios, el empleo formal crece de enero a abril y se mantiene relativamente constante de mayo a julio; crece nuevamente de agosto a noviembre a causa de los empleos estacionales vinculados con las ventas navideñas y las vacaciones que están por llegar, pero en diciembre siempre cae cerca de 2% respecto al mes anterior. Por tanto, desde 1998 a la actualidad, cada año se pierden alrededor de 250,000 empleos formales en diciembre (Ver gráfica 1).

Los tres niveles de gobierno tienen planes presupuestales anuales y recurren a la subcontratación, de tal suerte que, muchas veces, por la dinámica misma de la asignación de recursos en el sector público, miles de personas pierden su empleo en los últimos meses del año mientras las autoridades reciben los recursos para el año siguiente.

Además, en 2019, debido a la fiscalización y vigilancia de distintas instancias del Gobierno Federal, así como a las posibles regulaciones del outsourcing de las que se habló a final de año, es muy probable que numerosas empresas ilegales hayan despedido a sus trabajadores y cerrado permanentemente, ¡Enhorabuena!.

En síntesis, los reportes de empleo que publica el IMSS mensualmente no identifican sectores o tipos de empresas que hayan despedido personal, por lo que es incorrecto atribuir este fenómeno a las empresas de subcontratación. Cabe recordar que éstas últimas atienden a las necesidades y alcances de sus clientes, quienes son los que determinan el número de empleados para contratar de acuerdo a la demanda de productos y servicios, y, sobre todo, al entorno económico.

Por los motivos antes expuestos, a nombre de las empresas de outsourcing legales y profesionales que TallentiaMX representa, invito a que la sociedad civil, las autoridades y el sector privado trabajemos de manera conjunta por una regulación responsable en materia de subcontratación.

Entre 2019 y 2020, se llevaron a cabo en las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión parlamentos abiertos y mesas de alto nivel en las que autoridades, empresas, expertos en materia laboral y trabajadores llegaron a consensos acerca de cómo podía regularse positivamente la tercerización. Además de fortalecer el cumplimiento de la ley, se acordó crear un padrón nacional de empresas de subcontratación administrado por la Sectretaría de Trabajo y Previsión Social, que garantizara la legalidad de dicha actividad.

De ese modo se terminaban de golpe los comportamientos ilícitos y se permitía operar a quienes lo hacen de forma correcta. ¿Por qué ignorar esos fructíferos diálogos que beneficiaban las actividades de las empresas, la creación de empleos, la recaudación fiscal, la confiabilidad en las autoridades y los derechos de los trabajadores?

No pongamos en riesgo millones de empleos legítimos y legales, menos ahora que, debido al coronavirus, estamos atravesando la peor crisis económica y laboral de la historia reciente. Busquemos ofrecer a todas y todos la certidumbre legal para operar y para garantizar el acceso irrestricto a los derechos sociales.

*El autor es director general de TallentiaMX.