Por inversiones de calidad

Desde la época del Desarrollo Estabilizador de don Antonio Ortiz Mena, en los años sesenta, nuestro país decidió invertir en métodos y técnicas de evaluación de proyectos como medio para garantizar inversiones públicas de calidad.

A través de la Secretaría de Hacienda y de la Banca de Desarrollo se asimilaron, en el curso de seis décadas, los principios de análisis costo-beneficio social y de costo de oportunidad social para guiar la toma de decisiones en inversiones públicas.

También se formaron capacidades de análisis y los técnicos del gobierno federal fueron instruidos en los métodos de evaluación de Ezra Mishan (Cost-Benefit Analisys), Little-Mirrlees (OCDE, Manual of Project Analysis); Ernesto Fontaine (Evaluación Social de Proyectos), y otros más.

El problema fundamental a resolver mediante el análisis costo-beneficio social es si un conjunto de proyectos de inversión debe ser llevado a cabo y, dado que los recursos para inversión son limitados, cuáles de estos son los más rentables socialmente y, por lo tanto, tienen prelación sobre los demás.

A la par que se desarrollaron capacidades analíticas de evaluación, también se fortaleció el marco constitucional y legal que ordena el análisis y la estructuración de los proyectos de inversión vinculándolos al ciclo programático-presupuestario.

Además de las reformas al artículo 134 de la Constitución, se cuenta con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Obras Públicas y otras leyes secundarias, que en conjunto regulan el proceso de planeación, programación y presupuestación, e integran los trabajos técnicos que constituyen los proyectos de obras públicas, de las inversiones públicas y de las Asociaciones Público-Privadas.

No obstante, estos logros, en la realidad cotidiana de los programas y proyectos de inversión pública se ha dejado de cumplir estrictamente con los cánones que regulan la planeación, programación y ejecución, socavando la valoración y análisis técnicos de los proyectos. En este sentido, la falta de cumplimiento preceptivo ha derivado en proyectos de inversión que sólo medianamente prestan los servicios esperados, de los cuales se presentan los fallos más significativos:

Se adolece en el país desde hace décadas de una planeación nacional, sectorial y regional de mediano y largo plazo que permita identificar los proyectos más relevantes, así como su interrelación, existiendo además una falta de diversificación y articulación de inversiones; se carece de un banco de proyectos de inversión que permita dar prelación en función de su rentabilidad social, económica y financiera; existe una calidad variada tanto en los estudios técnicos como en los análisis costo-beneficio que se traduce en la forma de riesgos no mitigados durante el ciclo de las inversiones públicas, desde la planeación hasta la puesta en marcha de los proyectos. Estos riesgos se materializan en la forma de rentabilidades menores a las esperadas, resultado de costos no previstos y de estimaciones erróneas sobre los beneficios esperados.

Mención especial merecen los impactos ambientales indebidamente considerados en el análisis beneficio costo, los cuales se manifiestan posteriormente en la forma de cambios significativos en los proyectos ejecutivos originales y que impactan en la forma de costos adicionales de inversiones y en deseconomías.