Si los 1.3 billones de pesos de renta petrolera esperada para el 2011 se repartieran como dividendo individual a cada uno de los mexicanos, nos tocarían casi 12,000 pesos anuales, o sea, 1,000 pesos al mes.

Es un mito que el petróleo en nuestro país pertenezca a todos los mexicanos.

En el 2011 la renta petrolera apropiada por el gobierno ascenderá a alrededor de 1.3 billones de pesos (millones de millones), dado el aumento en los precios de los hidrocarburos. Esto representará cerca de 40% de sus ingresos y 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Una parte se gastará, ciertamente, en bienes públicos inapelables como seguridad, infraestructuras estratégicas y en (cada vez más deficientes) servicios de salud. Sin embargo, una buena proporción va a ser derrochada en salarios para una gigantesca burocracia improductiva, privilegios corporativos a maestros y otros sindicatos, en subsidios descomunales a los energéticos, y en cuantiosas transferencias directas a otros grupos de presión como lo hace el Procampo. Ellos son los verdaderos dueños del petróleo mexicano, cuando en principio cada uno de nosotros tenemos un derecho igual e inalienable a la renta petrolera. Peor, esta asignación de la renta derivada del petróleo es regresiva en materia de distribución del ingreso, dado que es conculcada por los deciles (tramos de 10% de la población definidos de acuerdo con el ingreso) más ricos, muy en especial, cuando se trata de subsidios a los combustibles automotores.

Mientras tanto, todavía 17% de la población vive debajo de la línea de pobreza extrema (pobreza alimentaria), definida por un ingreso inferior a aproximadamente 800 pesos mensuales.

La aritmética es rotunda. Si los 1.3 billones de pesos de renta petrolera esperada para el 2011 se repartieran como dividendo individual a cada uno de los mexicanos, nos tocarían casi 12,000 pesos anuales, o sea, 1,000 pesos al mes. Una familia muy pobre de cinco miembros, al ser beneficiada por un ingreso de 5,000 pesos mensuales, automáticamente dejaría de serlo; incluso, sería elegible para comprar una vivienda de interés social, con una hipoteca garantizada por el propio dividendo petrolero.

El pago del dividendo sería viable en términos operativos y administrativos, gracias a la tecnología informática disponible y a la experiencia adquirida en México con todos los programas de subsidio existentes a través de tarjetas bancarias.

Desde luego, el gobierno se privaría de 40% de sus ingresos, lo cual puede no ser recomendable en un país en que el gasto público alcanza un porcentaje muy bajo del PIB (alrededor de 20%), muy atrás del que se observa en la mayor parte de los países de la OCDE. Sin embargo, esta merma sustancial podría ser mitigada de tres formas.

La primera de ellas, abrogando todos los subsidios a los energéticos, que este año superarán los 300,000 millones de pesos; la población lo aceptaría gustosa a cambio del dividendo petrolero. Segundo, eliminando toda la burocracia que hoy se justifica con el propósito de combatir la pobreza y buena parte del gasto federal y de las entidades federativas en transferencias y subvenciones a clientelas políticas y grupos de interés (presumiblemente pobres), que ahora sería redundante. Tercero, compensando el faltante con un IVA generalizado, lo cual también sería aceptable a cambio del dividendo petrolero, y/o con un carbon tax a los combustibles automotrices.

En este esquema, los ciudadanos se sentirían -y realmente serían- dueños del petróleo y tendrían el interés primordial de que Pemex fuera eficiente. Desaparecerían las telarañas ideológicas nacionalistas y todos, con la visión de maximizar su dividendo petrolero, apoyarían una verdadera reforma en el sector, que lo abriera a la inversión privada y a la competencia, con un buen sistema de regulación y de cobro de los derechos correspondientes de explotación (o de extracción de renta) a las empresas participantes. Pero que nadie se sobresalte, es sólo una divagación fantástica.