Todavía hay quienes, al interior de la Cámara Alta, ignoran los compromisos, distorsionan la información, se obstinan en hacer prevalecer sus propios intereses y lastiman la debilitada economía nacional

El Ejecutivo federal se debatió varias semanas entre tomar las medidas sanitarias que demanda la pandemia del Covid-19 y retardar las graves consecuencias que el aislamiento social acarreará para la economía nacional, para la clase trabajadora y para los sectores más desfavorecidos de la población. Sin embargo, este grave problema nacional parece no existir para un grupo de senadores que se afanan en promover un dictamen en materia de subcontratación regresivo, prohibicionista y desechado dos veces por sus pares. Con ello, lo único que están promoviendo es la incertidumbre y el riesgo que tienen de ser despedidos más de 8 millones de connacionales que actualmente perciben un ingreso por medio del outsourcing.

A diferencia de lo que se quiere hacer pensar, la gran mayoría de los empleos tercerizados es legal, cuentan con seguridad social y tienen salarios por encima del promedio de los que están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente, la subcontratación es perfectamente lícita: se encuentra regulada por la Ley Federal del Trabajo. Cualquiera que haga pensar lo contrario lo hace por desconocimiento jurídico o porque defiende una agenda particular, cuyos intereses ponen en riesgo a las trabajadoras y los trabajadores mexicanos.

Basta preguntarse, hoy que tantas actividades económicas han sido suspendidas, ¿quiénes podrán salir a flote? ¿Serán los trabajadores informales, los empleados de pequeñas empresas (que no están recibiendo ningún ingreso) o el personal subcontratado, que quincena a quincena sigue recibiendo su depósito gracias a que cuenta con el amparo de la ley y con una estructura diseñada específicamente para administrar de manera responsable el capital humano? No nos llamemos a engaño: ser subcontratado por empresas profesionales es una protección.

Difundir la idea contraria resulta, en estos momentos —y por decir lo menos—, una negligencia. Nuestro país no puede darse el lujo de incentivar el desempleo. Con ello, aumentaría el hambre, la precariedad, la violencia y el crimen.

En el 2020 hubo dos parlamentos abiertos y una serie de mesas de alto nivel, donde representantes del Ejecutivo federal (los titulares de la STPS, el IMSS, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación), sindicatos, legisladores, empresarios, trabajadores, asociaciones y académicos lograron llegar a consensos. La Junta de Coordinación Política del Senado y numerosos legisladores presentes en dichos eventos hicieron el compromiso explícito de respetar los acuerdos democráticos y plurales para cuidar a los trabajadores.

Pero ahora, todavía hay quienes, al interior de la Cámara de Senadores, ignoran los compromisos, distorsionan la información, se obstinan en hacer prevalecer sus propios intereses y lastiman a la debilitada economía nacional. Para ello, inventan un sinfín de argucias y pregonan intereses contrarios a los que en la práctica defienden.

En lugar de haberse esforzado por sumarse a quienes han estado trabajando en propuestas viables y llegar a un dictamen plural y expedito, el cual incluye la creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación y erradica las malas prácticas de algunos, este grupo de senadores se ha dedicado a dilatar y entorpecer el proceso. Todavía hace unos días se esforzaba por imponer el mencionado dictamen rechazado dos veces, al grado que hasta el presidente de la República declaró en contra de quienes se oponen al esquema de subcontratación ya consensado y que, en palabras del presidente, resulta ventajoso para las empresas y, desde luego, para sus trabajadores.

Para quienes dentro del Senado no han comprendido, conviene explicar de manera clara el problema: prohibir la subcontratación sería una negligencia, pues impulsar el desempleo en tiempos del coronavirus es poco menos que una traición a los mexicanos. Millones de familias se pueden ver arrastradas a la ruina por la incertidumbre jurídica, empresas del sector nacionales y extranjeras tendrían que cerrar y dejarían a los trabajadores y las mipymes en la indefensión.

En medio de la pandemia y de sus secuelas económicas, lo menos que necesitamos es promover el desempleo que ya de por sí se desatará, incluso en la economía informal, que es donde la subcontratación logra formalizar y dar prestaciones y seguridad social a muchos. Otro efecto se dejará sentir, sin duda, en el T-MEC, cuya aprobación nos urge y podría sufrir muchos problemas sólo para satisfacer las ambiciones de un grupo de senadores y un líder sindical que sólo quiere llevar agua a su molino sin medir consecuencias.

*El autor es director general de TallentiaMX.