Los peligros de la discrecionalidad regulatoria en telecomunicaciones

El sector de telecomunicaciones mexicano nuevamente se vuelve protagonista al capturar la atención de la mayoría de los gobiernos de la región, como también de entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos e innumerables facultades académicas alrededor del mundo. Toda esta atención se debe al deseo de la presente administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar a los distintos entes autónomos del país, entre los que se encuentra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Las razones que se han dado a través de los años para justificar la desaparición del IFT incluyen la reducción de costos e incremento de eficiencias. El argumento se centra en que el regulador de telecomunicaciones, al igual que los otros entes autónomos, genera costos innecesarios al duplicar funciones que ya son cubiertas o podrían ser absorbidas por las distintas secretarias del estado.

Otro elemento que justifica la posición contraria del ejecutivo hacia la existencia del IFT es que su eliminación fortalecería al Poder Ejecutivo por medio de la centralización del control del sector de telecomunicaciones y radiodifusión. En otras palabras, se pasaría de un ente independiente a uno en donde impere la discrecionalidad presidencial. Esta situación podría abrir la posibilidad de que el marco que rija a las telecomunicaciones responda más a los intereses políticos del presidente de la nación de turno que a las necesidades del sector.

También hay que considerar las criticas especificas al IFT que provienen desde el ejecutivo. Por ejemplo, usualmente en las Mañaneras el presidente López Obrador a acusado al regulador de telecomunicaciones de estar capturador por intereses particulares por lo que no ha logrado una reducción efectiva de tarifas a los servicios de telecomunicaciones ni ha logrado promover una competencia efectiva en el sector.

No es secreto que casi todos los actores de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión mexicanos tienen como mínimo una queja en contra del modo de operar del IFT. También es cierto que prácticamente ninguno quiere la desaparición de la entidad para que su trabajo se vea diluido en una secretaria que podría no tener como prioridad las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) del país.

Por otra parte, hay que mencionar que el IFT es perfeccionable. ¿Cómo es posible que una entidad llena de expertos y comisionados colegiados tenga el poder de establecer la política de gerenciamiento del espectro radioeléctrico, pero no la potestad de imponer las condiciones de su uso en términos monetarios? ¿Es correcto acusar al IFT de inoperante y de no lograr atender todas sus responsabilidades cuando se le han cortado recursos con la falta de nombramientos de nuevos comisionados? Recordemos que esto último es un acto contrario a lo que dice la constitución.

La posibilidad de desaparecer a las entidades autónomas ha abierto la discusión sobre la importancia de tener instituciones fuertes e independientes. Si revisamos la teoría institucional encontramos que la misma indica que la legitimidad de las instituciones deriva de poder mantener un marco normativo predecible que establece expectativas claras de comportamiento a todos los actores que regula. Al reducirse la incertidumbre jurídica se crea un ambiente propicio para la inversión el y desarrollo del mercado.

La estabilidad y continuidad de las instituciones al establecer reglas de larga duración aseguran previsibilidad en los comportamientos del mercado. Esto a su vez crea confianza entre los actores del sector y aumenta la legitimidad de la institución. Obviamente, esto no implica que las instituciones sean estáticas pues van evolucionando sobre el tiempo, sobre todo en un sector tan dinámico como el de la tecnología, sino que al momento de establecer cambios en las normas que rigen al sector no surjan de súbito sino como parte de un proceso donde todos los actores (sector privado, academia, ONG y sociedad civil) puedan participar. Esto sucede porque la finalidad de las instituciones es fomentar el desarrollo económico y social, lo que a su vez ayuda a mantener la estabilidad política.

Se puede concluir que toma poco esfuerzo entender que la discrecionalidad que surge del acaparamiento del poder va en contra de lo que nos enseña la teoría institucional. Sin embargo, queda aún la duda de sobre la importancia de tener agencias de gobierno autónomas en un mercado.

Una de las ventajas de contar con organismos autónomos es que se garantiza la imparcialidad de sus decisiones pues no dependen del poder legislativo o ejecutivo al momento de decidir qué temas deben ser incluidos en su agenda para ser investigados, o sea están protegidos ante presiones o influencias políticas. Es importante señalar que la autonomía debe incluir un presupuesto garantizado y autónomo. La seguridad presupuestaria elimina la posibilidad de chantajes políticos a cambio de dinero.

Otra ventaja es el incremento en transparencia y credibilidad del país antes inversionistas nacionales e internacionales. La protección ante interferencias por parte del legislativo y el ejecutivo, léase motivadas por agendas políticas a corto plazo, promueve la estabilidad del sector que puede darse el lujo de pensar a largo plazo pues se evitan los abusos de poder y se protegen los principios democráticos de separación de poderes.

Si nos centramos en el caso del IFT, al erradicarse la discrecionalidad del ejecutivo, se garantiza que el regulador cuente con expertos y no políticos tomando decisiones. Esto a su vez al generar confianza ayuda a acelerar innovación tecnológica, impulsando la adopción de nuevas tecnologías en el país.

Considero importante mencionar que no existe ningún ente de gobierno en el mundo que sea perfecto, lo que si se observa continuamente son medidas para adaptarlos a la nueva realidad que tenga el mercado, pero conservando su autonomía al momento de tomar decisiones. El IFT no es una anomalía, puede perfeccionarse y mejorarse. Eliminarlo sería un error, sería regresar a los tiempos donde el proteccionismo era la orden del día.

El IFT surge por una necesidad, surge tarde, pero logra tener logros en su primera década de vida. Un IFT reforzado y mejorado, podría llegar a dar más beneficios a todos los mexicanos pues al final de cuentas ese es su mandato.

Eliminarlo para concentrar poder es un retroceso que peca en lo antidemocrático pues puede llegar a romper el balance existente entre los tres poderes de la nación.